El Perú ha sido elegido para presidir la Red Amazónica de Autoridades Forestales (RAFO) en el periodo 2025–2027, una responsabilidad que, más allá de los discursos diplomáticos, exige una respuesta concreta frente a la creciente amenaza que enfrentan los bosques amazónicos por la minería ilegal, la deforestación, el narcotráfico y el tráfico de tierras.

La decisión fue adoptada tras cuatro días de trabajo entre representantes de los ocho países de la cuenca amazónica —Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela— durante el Primer Encuentro Regional de la RAFO. Esta red fue creada como parte de los compromisos asumidos en la Declaración de Belém do Pará, firmada en agosto de 2023, en la IV Reunión de presidentes de los países miembros del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

A través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Perú no solo asumirá la presidencia de la RAFO, sino que también será sede del Segundo Encuentro Regional en 2026. Este nombramiento representa un reconocimiento al trabajo técnico del país en materia forestal, pero también una enorme responsabilidad en un contexto donde los crímenes ambientales avanzan más rápido que las políticas públicas.

El director ejecutivo del Serfor, Erasmo Otárola Acevedo, afirmó que el Perú asume este liderazgo con un enfoque de transparencia y apertura, comprometiéndose a trabajar con todos los países miembros respetando sus prioridades nacionales. Además, anunció que se pondrán a disposición las capacidades técnicas desarrolladas en el país para fortalecer el trabajo conjunto en la Amazonía.

Sin embargo, la gran tarea pendiente es traducir estos compromisos multilaterales en resultados concretos. Los pueblos indígenas, las comunidades locales, las organizaciones de defensa del territorio y los gobiernos regionales han exigido, reiteradamente, que estos foros no se limiten a declaraciones sin consecuencias, y que las decisiones se reflejen en acciones efectivas en los territorios.

La Amazonía peruana enfrenta actualmente una situación crítica. Solo en 2023, más de 150 mil hectáreas fueron deforestadas; muchas de ellas en zonas impactadas por actividades ilegales como la minería aurífera sin control, el avance de cultivos ilícitos de coca, y la apropiación de tierras comunales a través de mafias que actúan con impunidad. Todo esto sucede mientras los mecanismos de control y fiscalización ambiental muestran serias debilidades.

La RAFO, como espacio regional, tiene la oportunidad —y el desafío— de impulsar una agenda técnica y política basada en cooperación real, acceso a financiamiento, transferencia de tecnología y estrategias comunes para proteger los ecosistemas amazónicos. Su Plan de Trabajo Bianual 2025-2027 contempla metas como el ordenamiento territorial, la restauración de ecosistemas nativos, la conectividad de paisajes forestales y el desarrollo de proyectos sostenibles que articulen conservación y bienestar para las poblaciones amazónicas.

Pero para lograrlo, será clave que esta red no sea solo un instrumento diplomático. Urge la participación activa de los verdaderos protagonistas de la Amazonía: las comunidades que resisten el avance de las economías ilegales, los pueblos indígenas que protegen los bosques desde sus saberes ancestrales, y las organizaciones sociales que exigen justicia ambiental.

El liderazgo del Perú en la RAFO debe convertirse en una plataforma para construir una nueva gobernanza amazónica: más inclusiva, más efectiva y, sobre todo, más comprometida con el futuro de los bosques y de quienes los habitan.