“Una respuesta operativa limitada frente a una percepción de inseguridad que, según el INEI, alcanza el 68.8% en la región”

Ninguna municipalidad provincial cuenta con centros de capacitación para serenos, cinco no tienen cámaras de vigilancia y más del 60% del presupuesto en seguridad permanece sin ejecutar. La falta de preparación y equipos expone a los agentes y a la ciudadanía.

Un reciente operativo de la Contraloría General de la República puso al descubierto el estado crítico de la seguridad ciudadana en la región San Martín. Doce municipalidades provinciales y distritales fueron objeto del Servicio de Control Simultáneo de Seguridad Ciudadana, ejecutado del 8 al 14 de mayo de 2025 por la Gerencia Regional de Control San Martín, revelando 39 situaciones adversas que comprometen seriamente la protección de la ciudadanía.

El informe es contundente:

Ninguna municipalidad provincial de San Martín cuenta con centros de capacitación para serenos, pese a que la normativa vigente así lo exige.

Cinco municipalidades no tienen sistemas de videovigilancia: Picota, El Dorado, Tocache, Huallaga y Bellavista.

En Lamas, el 88% de las cámaras están inoperativas; en Rioja, el 32.1%.

Ocho municipios no entregan equipamiento mínimo de protección a sus serenos, entre ellos chalecos antibalas, cascos, rodilleras y guantes.

Rioja, La Banda de Shilcayo y Morales son los casos más preocupantes.

Solo el 35.4% del presupuesto para combatir delitos y faltas fue ejecutado al momento de la intervención.

De un total de S/ 17 195 269 asignados para 2025 en las doce comunas evaluadas, apenas S/ 6 086 441 habían sido devengados. La consecuencia: una respuesta operativa limitada frente a una percepción de inseguridad que, según el INEI, alcanza el 68.8% en la región.

Falta de preparación y recursos humanos

Más allá de los recursos económicos subutilizados, el problema se agrava con la ausencia de personal capacitado. Muchos municipios carecen de agentes entrenados para operar los sistemas de vigilancia, cuando estos existen. Otros ni siquiera realizan mantenimiento preventivo ni correctivo de los equipos.

Es alarmante que los propios serenos estén desprotegidos, sin elementos básicos para su labor en campo. Esta omisión no solo los expone físicamente, sino que también deteriora la capacidad disuasiva y operativa del servicio.

¿Hasta cuándo?

La Contraloría ha recomendado adoptar acciones correctivas urgentes. Pero esta situación desnuda una realidad más profunda: la precariedad institucional y la desidia administrativa en materia de seguridad ciudadana.

Si este nivel de deficiencia se evidencia solo en el área de seguridad, cabe preguntarse: ¿qué otras falencias encontraríamos si se fiscalizara a fondo el resto de las funciones municipales o del propio gobierno regional?

La población necesita respuestas, no excusas. Necesita municipios que cumplan su rol, que ejecuten el presupuesto que tienen, que formen a su personal, que no abandonen la seguridad en manos de la improvisación.

Un llamado urgente

Urge un plan de fortalecimiento institucional. No se puede seguir improvisando con la seguridad de más de 860 mil ciudadanos de la región San Martín.

Urge voluntad política, transparencia en la gestión, uso eficiente del presupuesto, y sobre todo, capacitación técnica y continua para el personal de serenazgo y de vigilancia.

No se trata de comprar más cámaras o chalecos si no se cuenta con operadores formados. No se trata de tener más presupuesto si este se queda en los bancos por falta de capacidad o decisión para ejecutarlo.

La seguridad ciudadana no puede esperar.

¿Hasta cuándo tendremos que seguir publicando estos informes que todos leen, pero pocos corrigen?

¿Hasta cuándo los serenos seguirán saliendo a las calles sin entrenamiento ni protección?

¿Hasta cuándo los ciudadanos tendrán que cuidarse solos?