Se debería a convocar a sesión extraordinaria para este 30 de julio, ¿Por qué esperar hasta el 15 de agosto? o ¿están dejando correr el tiempo para que la empresa presente su documentación y consolide sus derechos sobre el terreno?

Entrevista al exregidor Ing. Leonardo Hidalgo sobre el caso del lago Ricuricocha.

Ingeniero, explíquenos su posición respecto al tema.

Ricuricocha está regido en base al Plan de Desarrollo Urbano (PDU) aprobado durante la gestión de Tedy del Águila. Esa zona es intangible, y como tal, debería contar con su respectiva faja marginal. Gracias al PDU se ha logrado que algunas personas puedan alquilar espacios cercanos a la laguna para extraer agua o cultivar maíz y papaya. Pero eso es lo máximo permitido.

El verdadero problema es que Ricuricocha no tiene tributarios naturales como quebradas. Su abastecimiento depende de escorrentías producto de las lluvias que bajan desde el sector de Moyopampa. Es un lago muy diferente a los demás de la zona, y esa fragilidad hídrica lo hace aún más vulnerable.

Hoy se está observando con preocupación que, en dicho lugar, se pretende desarrollar un proyecto urbanístico para más de 300 familias, lo que implica construir viviendas permanentes. Esto representa un riesgo inminente, porque en esa zona no existe infraestructura para manejar residuos sólidos ni aguas residuales. Y todo eso, inevitablemente, irá a parar a la laguna.

¿Hay alguna diferencia si se plantea un modelo de casas de campo o rurales?

Sí, sería diferente. Si lo que se plantea fueran predios rurales, casas de campo para visitas esporádicas, no habría tanto impacto. Pero lo que han dicho es que van a construir espacios habitables para 300 familias. Es decir, estamos hablando de urbanización permanente dentro de un área de conservación.

No es factible dicho proceso, ni técnica ni ambientalmente. Ricuricocha, por ejemplo, cada 10 o 15 años se seca, especialmente en épocas de estiaje, como ahora. Y si no hay agua, ¿a dónde van a ir a parar los desechos de estas familias?

¿Se permite urbanizar en zonas cercanas?

Hay algunos espacios más alejados, a 100, 200 o 300 metros de la laguna, donde algunas personas han construido pequeños hospedajes o espacios ecoturísticos, pero no hay urbanización formal habitacional en la zona inmediata a la laguna.

No debemos olvidar que esa área es un refugio de aves migratorias que vienen desde Nueva Zelanda o Canadá. También se encuentra ahí el gallinazo de cuello rojo, una especie única en el Perú. Si construyen ahí, vamos a enfrentar un desastre ambiental irreversible.

Ingeniero, muchos planes de desarrollo urbano en el país terminan siendo letra muerta. ¿Qué pasa en este caso?

El titular del pliego, que es la alcaldesa provincial, es quien tiene la obligación de hacer cumplir el PDU. Pero no se está cumpliendo. Se convocó a todos los sectores para elaborar el plan y nadie asistió. Y aunque el plan declara esa zona como intangible, los intereses económicos y personales parecen estar por encima de la norma.

¿Y el alcalde de Morales? ¿No debería pronunciarse?

Por supuesto. El alcalde de Morales está guardando silencio, pero parte de esa zona también corresponde a su jurisdicción, como el caso de Andiviela. Hay normas que permiten hacer cumplir las disposiciones del PDU, pero no se aplican porque hay intereses de grupo.

Usted advierte un problema legal en curso. ¿Qué está ocurriendo?

Sí, hay un tema clave. Ahora que ha salido una ordenanza, se tiene un plazo de 15 días para que la empresa pueda presentar su solicitud de autorización formal. Si eso ocurre, se genera un problema legal.

¿Por qué no se llama a una sesión de concejo el día 4, primer día hábil después del feriado largo? ¿Por qué se convoca recién para el día 15? Claramente están dejando correr el tiempo para que la empresa presente su documentación y consolide sus derechos sobre el terreno.

Una vez que la empresa ingrese su expediente, ya tiene base legal para continuar su proyecto, y será mucho más difícil detenerlo.

Desde su experiencia en gestión municipal, ¿qué opina del rol del Concejo?

El tema ya llegaba «cocinado» a la sesión de Concejo, no nos vengan a decir que no sabían. Existe una Comisión de Desarrollo Local que evalúa estos casos, y esa comisión debió verificar el PDU antes de pasar el tema al pleno.

Yo fui presidente de esa comisión, y siempre se pedía el PDU antes de emitir un dictamen. No pueden decir que no sabían, porque ese documento fue compartido a todos los regidores. Que no nos quieran ver la cara. La responsabilidad recae en quienes sabían y callaron.

El Gerente municipal ha dicho que “el suelo está parejo” y que no hay que preocuparse…

El problema no es si el suelo está parejo o no, el problema es el uso del tiempo legal a favor de la empresa. Si presentan su solicitud dentro de estos 15 días, legalmente podrían construir, y ahí ya entramos a otro terreno, mucho más complicado.

¿Cuál sería su mensaje final a la ciudadanía y a las organizaciones civiles?

Que piensen en la población que los eligió, no en sus intereses personales o de grupo. Estamos viendo muchas señales de corrupción, de favoritismo y de falta de transparencia.

La ley del Ministerio de Vivienda dice claramente que debe haber espacios verdes dentro de las urbanizaciones, pero no se cumple. Seguimos abonando a la informalidad y a la desconfianza ciudadana.

¿Ante tal panorama a dónde recurrir?

Habría que pedir que el Ministerio Público actúe de oficio, que se abra una investigación fiscal a los funcionarios, trabajadores y regidores que intervinieron en este proceso.

Antes de elegir a nuestras autoridades, debemos evaluar sus antecedentes, su ética, su capacidad para administrar recursos que no les pertenecen, sino que son de todos.