El 13 de agosto de 2025, se registró el petitorio minero de 100 hectáreas denominado “Cielo Azul 2025”, en la provincia de Tocache.

El INGEMMET continúa autorizando petitorios mineros en Tocache mientras crece la inseguridad y la amenaza sobre las cabeceras de cuenca que alimentan al Huallaga.

Mientras la región San Martín enfrenta el avance de la minería ilegal y un clima de inseguridad creciente, el Estado continúa abriendo la puerta a nuevas actividades extractivas en zonas sensibles. Un reciente documento del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) confirma que, el 13 de agosto de 2025, se registró el petitorio minero “Cielo Azul 2025”, código 03-00606-25, ubicado en el distrito de Shunte, provincia de Tocache.

El título, que abarca 100 hectáreas, se encuentra dentro de la zona UTM 18 y se extiende sobre un área identificada por sus coordenadas en los ejes 9065–9066 al norte y 274–275 al este. Es decir, un bloque compacto en plena zona amazónica, donde nacen múltiples quebradas que confluyen hacia ríos vitales para la población.

Aunque el propio documento —firmado digitalmente por el director de Concesiones Mineras— aclara que el título “no faculta el inicio de actividades de exploración o explotación”, en la práctica significa un paso decisivo en el proceso de apertura minera. Una vez otorgada la concesión, el territorio queda legalmente comprometido, lo que limita las decisiones de ordenamiento territorial y aumenta la presión sobre comunidades y autoridades locales.

Shunte: un distrito vulnerable

Shunte no solo es una zona de alta biodiversidad. También es un distrito golpeado y el avance de la minería ilegal procedente de Pataz. Las quebradas y cabeceras de cuenca de su territorio abastecen a pueblos que dependen directamente del agua para sobrevivir, cultivar y mantener sus actividades cotidianas.

En este contexto, comunidades y especialistas cuestionan por qué el Ministerio de Energía y Minas, a través del INGEMMET, continúa tramitando y otorgando petitorios mineros sin considerar la fragilidad del territorio ni la inseguridad que lo rodea.

La paradoja de siempre: trámites que avanzan más rápido que la protección

Bajo la normativa actual, la simple presentación de una solicitud de concesión obliga al Estado a procesarla. La ley no contempla, con la fuerza necesaria, criterios territoriales ambientales ni una evaluación previa de riesgos sociales o criminales.

En otras palabras, el sistema sigue funcionando como si San Martín fuera un territorio estable, cuando la realidad demuestra lo contrario: ríos contaminados por mercurio, invasiones mineras ilegales, deforestación y desplazamiento de comunidades.

En Shunte, precisamente donde la Policía ha realizado en los últimos meses operativos contra bandas dedicadas a la minería ilegal, que el propio Estado siga generando “ventanas legales” para nuevas concesiones es, cuando menos, contradictorio.

Un riesgo que puede volverse irreversible

Las cabeceras de los ríos son zonas irremplazables: si se degradan, no existen mecanismos reales para restaurarlas en el corto ni mediano plazo. Cada concesión otorgada —aunque aún inactiva— representa una presión futura sobre el territorio.

San Martín ha logrado avances importantes en conservación, pero estos logros se debilitan cuando las propias instituciones permiten que áreas frágiles entren en la carrera por la explotación minera.

La historia reciente ya ha enseñado lo que ocurre cuando los permisos llegan antes que la planificación: ríos enfermos, suelos destruidos y poblaciones enteras en riesgo.