En San Martín, el avance de la minería ilegal podría tener efectos devastadores en cuencas y quebradas

Mientras la minería ilegal avanza en todo el país, sus impactos socioambientales se agravan: trata de personas, contaminación de fuentes de agua y destrucción de ecosistemas estratégicos. En regiones como San Martín, el riesgo aumenta en cabeceras de cuenca, quebradas y zonas frágiles que sostienen el abastecimiento hídrico de millones de personas.

Reinfo: de herramienta de formalización a impulsor de la informalidad

El IPE alerta que estas decisiones se producen en un contexto de creciente influencia de economías criminales y mayor riesgo para la seguridad nacional.

Un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que la minería ilegal crece a un ritmo histórico y que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) dejó de cumplir su objetivo. Según la entidad, hace dos décadas el oro legal superaba al ilegal en 190 toneladas; hoy la diferencia es de apenas 3 toneladas. Pese a esta situación, la Comisión de Energía y Minas del Congreso discute ampliar nuevamente la vigencia del Reinfo e incluso reincorporar más de 50.000 registros excluidos.

Fallas estructurales y presupuesto insuficiente

El Reinfo ha sido prorrogado varias veces sin resultados significativos. Las ampliaciones han debilitado la autoridad del Estado y permitido que miles de operaciones informales continúen sin cumplir requisitos ambientales, territoriales o tributarios.

El programa de formalización minera del Minem recibe en promedio S/ 25 millones anuales, cifra insuficiente para un problema nacional. Para 2026 se propone solo S/ 14 millones, una reducción del 60% respecto a 2019. Ampliar el Reinfo —advierte el IPE— sin cambios reales solo prolongará el problema.

Minería informal en zonas prohibidas

Con información del Minem e Ingemmet, el IPE estima que al menos 13.000 registros del Reinfo operaban en espacios donde la minería está prohibida: áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas y territorios con restricciones absolutas. Tras una depuración, 3.685 registros continúan en zonas sensibles como la Reserva Nacional de Tambopata, el río Chira (Piura) y las Líneas de Nasca.

La cifra podría ser mayor, pues 6.483 registros activos carecen de ubicación geográfica precisa, lo que impide identificar sus impactos.

Una cadena comercial cada vez más opaca

La ampliación del Reinfo ha permitido que oro ilegal ingrese al circuito formal, en un contexto donde el precio del metal supera los USD 3.190 por onza. Esto ha impulsado el crecimiento de empresas comercializadoras y procesadoras, que hoy suman 14.000 registros, 3.5 veces más que en 2015. Solo la mitad tiene RUC.

El número de empresas exportadoras también se disparó: de 34 en 2005 a más de 1.250 en 2025.

Minería ilegal y crimen organizado

La minería ilegal es uno de los motores del crimen organizado. El Índice Global de Crimen Organizado 2025 ubica al Perú, junto con Colombia y Venezuela, entre los países con mayor presencia de esta actividad en Sudamérica. Está vinculada a trata de personas, explotación laboral, lavado de activos y narcotráfico.

Para 2026, el presupuesto para combatirla sería de S/ 178 millones, un incremento del 41%. Sin embargo, la mayor parte corresponde al Ministerio de Defensa, mientras que las acciones de erradicación y detección temprana se reducen en 33%.

El IPE concluye que es urgente cerrar definitivamente el Reinfo, reformular la política de formalización y pasar a la acción para frenar el avance de las economías ilícitas.

San Martín: una región en alerta

En San Martín, la expansión de la minería ilegal podría tener efectos devastadores en cabeceras de cuenca y quebradas que alimentan los ríos Huallaga, Mayo y sus afluentes. La experiencia en otras regiones muestra daños severos: ríos contaminados con mercurio, pérdida de vegetación, sedimentación y destrucción de ecosistemas clave.

A ello se suman impactos sociales como trata de personas, violencia y desplazamiento de poblaciones vulnerables. La región, que en los últimos años ha enfrentado presiones mineras en zonas limítrofes como Pataz, requiere atención prioritaria para evitar que sus fuentes de agua —vitales para Tarapoto, Moyobamba y Rioja— se conviertan en nuevos focos de expansión del oro ilegal.