El congresista Roberto Chiabra, integrante del Parlamento Nacional, ha solicitado con carácter de urgencia la revisión de un conjunto de normas denominadas por diversos sectores como “leyes pro-crimen”, por considerar que podrían favorecer a las organizaciones criminales y debilitar la lucha contra la delincuencia en el país.
Mediante el oficio N.º 1290-2025-2026, dirigido al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz Mamani, el legislador pidió convocar una mesa de trabajo con la participación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el Ministerio Público (MP), el Poder Judicial (PJ), la Defensoría del Pueblo y juristas especializados en materia penal y constitucional. El objetivo, precisó, es evaluar si la promulgación de estas normas ha debilitado la lucha contra el crimen organizado y la seguridad ciudadana.
Entre las disposiciones observadas por el parlamentario se encuentran la Ley 32054, Ley 32181, Ley 31990, Ley 32104, Ley 31388, Ley 32130, Ley 32108 y Ley 32326, entre otras. Estas normas, según Chiabra, podrían haber generado vacíos legales o beneficios indebidos que dificultan las investigaciones y sanciones a las organizaciones delictivas.
“El pedido es legítimo, pues la ciudadanía ha sido testigo de cómo la población se ha manifestado en rechazo a normas que no fortalecen la seguridad”, señaló Chiabra, quien hizo público su pronunciamiento a través de su cuenta oficial en X, donde etiquetó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como a los colectivos peruanos de pie y peruanos en USA.
Sin embargo, la propuesta fue respondida por la congresista Martha Moyano, quien sostuvo que “no corresponde revisión de normas” ya aprobadas por el Congreso. En su respuesta, también difundida en la misma red social, Moyano señaló que el legislador “debería presentar su propio proyecto de ley, acompañado por su bancada, y seguir el trámite correspondiente”.
El debate sobre estas leyes ha reavivado la controversia en torno a las medidas legislativas que, según diversos especialistas, podrían otorgar ventajas procesales o reducir sanciones a personas vinculadas al crimen organizado, en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la seguridad en el país.
