Al menos 17 de los 25 gobernadores regionales del Perú enfrentan investigaciones fiscales por presuntos delitos de organización criminal, colusión, peculado, malversación y negociación incompatible, lo que revela la profundidad de la crisis en la regionalización.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, los delitos más frecuentes en los gobiernos regionales son colusión (39 %), peculado (23 %), malversación (20 %) y negociación incompatible (20 %).
Entre los más cuestionados figuran Wilfredo Oscorima (Ayacucho), con 24 investigaciones fiscales, y recientemente vinculado al caso Rolex, así como César Acuña (La Libertad), con 15 procesos activos por presunta colusión, tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Otros casos graves incluyen a Segismundo Cruces (Tumbes), con 29 investigaciones en menos de dos años de gestión; Zósimo Cárdenas (Junín), investigado por cobro de cupos y direccionamiento de contratos; Luis Torres (Tacna), declarado reo contumaz; y Manuel Gambini (Ucayali), con denuncias por colusión y peculado.
También enfrentan procesos Jorge Chávez (Loreto), Walter Grundel (San Martín) y Rohel Sánchez (Arequipa).
La magnitud de estos casos refleja la fragilidad de los mecanismos de control y supervisión en los gobiernos regionales y plantea la urgencia de replantear el modelo de descentralización, que en lugar de garantizar desarrollo, parece haber multiplicado los espacios de corrupción.
