Tarapoto. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarapoto, que despacha la Dra. Emma Johanna Zevallos Salazar, continuará con las investigaciones sobre el caso de “los audios de la vergüeza”, citando a Walter Grundel Jiménez, para el 4 de diciembre y a Víctor Isla Rojas para declarar el 5 de diciembre en el despacho Fiscal en el Jr. Maynas 322 Tarapoto.
Según la carpeta fiscal, determinan excluir de la investigación a la Fiscal Adjunta encargada de la investigación Dra. Mirtha Asmat Arroyo y al Fiscal Provincial Dr. Hamyn Aldo PeredaVásquez, quedando la investigación a cargo de la fiscal Zevallos Salazar.
Asimismo, indica que están declarando compleja la investigación, que demanda la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.
Dentro de las diligencias que realizarán será recabar la declaración de Walter Grundel Jiménez y Víctor Isla; asimismo, solicitan la declaración de los representantes de las empresas Caterpillar, Scania y de su exadministrador Emilio Muller, así como de sus funcionarios, vinculados con la adquisición y/o uso de maquinarias para gobiernos regionales.
Además, están solicitarán a la Dirección de Supervisión del Organismo Supervisión de las Contrataciones del Estado, remita la relación de procesos de contratación pública a nivel nacional en los que han participado y obtenido buena pro, las empresas SCANIA y Caterpillar de manera individual o en corsorcio, durante los tres años anteriores que tuvo lugar la conversación entre los investigados.
Entre otras cosas, recabarán información de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos sobre los bienes muebles e inmuebles que posee el investigado Víctor Isla Rojas a nivel nacional.
También levantarán el secreto tributario, bancario y bursátil de los denunciados y empresas vinculadas en su oportunidad.
Identificarán los números telefónicos desde donde se produjo la conversación entre los investigados Víctor Isla y Walter Grundel, para lo cual solicitarán el levantamiento del secreto de las comunicaciones para que las empresas de telefonía informen sobre los números telefónicos que tenían a su nombre y de sus empresas que usaban los investigados en la fecha de los audios, así como, se informe sobre las llamadas salientes y entrantes en fecha previa y posterior a la conversación sostenida.
Asimismo, solicitarán información a la Municipalidad Provincial de San Martín, Morales, La Banda de Shilcayo, Juanjui y el Gobierno Regional de San Martín, referente a la adquisición y uso de maquinaria de los citados gobiernos locales y regional, informando de las licitaciones que se hayan desarrollado durante los años 2010 al 2018.
La Fiscalía solicitará a la Unidad de Inteligencia Financiera informe si los investigados registran operaciones sospechosas.
Solicitarán se practiquen las pericias valorativas y contables.
Son algunas de las 23 diligencias que desarrollará la Fiscalía en los 120 días solicitados.
El audio de la vergüenza
En varias ocasiones, tanto Víctor Isla como Walter Grundel, indicaron que la Fiscalía había dispuesto que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria en este caso; sin embargo, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio, elevaron de los actuados (apelación) a la Fiscalía Superior, quien declaró fundado dicho recurso, por lo que dispone continuar con la investigación.
Recordamos que el audio fue transmitido por los programas Enfoques de Glenda Mello y En Jaque de Ramón Amaringo, donde se escucha a Walter Grundel, quien reconoció que era su voz y a un tal Víctor (quien sería Víctor Isla), donde se advierte una presunta comisión de actos de corrupción donde se han visto involucrados a través de una conversación telefónica.
En el audio emitido se habla sobre la transferencia de un grupo de maquinarias pesadas en favor de una de las empresas de Walter Grundel, maquinarias que según el audio fueron obtenidas por la personas que responde al nombre de Víctor, en razón de haber favorecido en licitaciones a la empresas comprendidas en la investigación.