Más allá del delito hay una reforma política pendiente para evitar que se formen agrupaciones solo para asaltar el poder
En campañas políticas es frecuente que los candidatos reciban dinero de empresas privadas, en especial de las empresas constructoras y enganches clanes familiares acostumbrados al manoseo de la instituciones públicas de los puestos administrativos de la burocracia estatal, en espacios claves como: logística, administradores, contabilidad, finanzas y en cuanta área para cerrar el círculo y asegurar “el billete”, quizás no al nivel financiero de los brasileños, pero sí de corrupción en fin y al cabo.
Al copar los puestos claves, la mesa está servida para saquear el fondo público, para digitar licitaciones amañadas y comisiones; en San Martín existen casos pendientes que divagan en la penumbra; obras inconclusas, sobrevaloradas y paralizadas, están a la vista y abiertos los cuestionamientos.
La “comisión” existe desde las cotizaciones en las instituciones empresas del estado eso no lo podemos negar, pero si combatir y denunciar; algo de moral queda en la vena de gente honesta, profesionales y técnicos dignos que no han perdido la dignidad; justamente ahí está el trabajo fiscalizador de los buenos sindicalistas de aquellos que asuman funciones pro-activas más no lucrativas; en esa línea y con funciones específicas fueron creados los órganos de control interno y la contraloría, el ministerio público y jueces deberían asumir sus funciones con mayor compromiso y probidad; por ello el caso Villarán no puede verse de modo aislado en el país.
El tema de fondo es la reforma política, para establecer quiénes pueden o no aportar a una campaña política; pero también es necesario que se levanten barreras para participar en la contienda. Reforzar a los partidos políticos es una tarea necesaria para evitar que gente con cierta fama monte movimientos locales -o utilice vientres de alquiler- y luego termine pagando sus cuentas.
Si tuviéramos partidos consolidados, que participen en las contiendas presidenciales congresales, municipales y regionales, podríamos haber reducido el riesgo de que hoy no haya responsabilidades políticas. Según estimaciones de la Defensoría del Pueblo, el Perú pierde el 10% de su presupuesto público anual en recursos robados por la corrupción. Eso equivale a cien hospitales equipados, cuatrocientas escuelas completas.
Para saberlo y pensarlo la próxima vez que esté horas eternas en la cola para recibir atención en salud, no encuentre una buena escuela para sus hijos/as o se le haga insoportable el indigno hacinamiento en un hospital y la muerte de un familiar como el mal llamado hospital de contingencia en Moyobamba.
En la actualidad, como fruto de las recientes crisis y movilizaciones populares anti corrupción, el ejecutivo promueve propuestas legislativas para reformar el sistema político electoral del país. Se trata de cambiar las reglas del juego político electoral porque estas, no solo permiten, sino más aún, promueven la corrupción. Al hacer que grandes cantidades de dinero sean de hecho necesarias para tener opción real de participación política.
Son las reglas del juego político actual las que promueven la corrupción: Entender este fenómeno distinto, exige estrategias político-criminales especiales para hacer frente a esta delincuencia de cuello y corbata, es el reto que enfrenta hoy la justicia y ese reto debe ser respaldado.
Mañana Reformas políticas para evitar el asalto II “Son las reglas del juego político las que promueven la corrupción.