La comunidad nativa awajún enfrenta un conflicto territorial por más de veinte años en San Martín
Escribe: Bianca Villacorta
A través de un último pronunciamiento, la comunidad nativa awajún de Shimpiyacu, ubicado en la provincia y distrito de Moyobamba, ha denunciado diversos actos de violencia por parte de los ronderos de la zona, y exige la intervención del Estado, ya que en este punto han agotado todos los canales de diálogo e intentos de solución. El vicepresidente de la Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo (FERIAAM), Pancho Tanques, solicitó que la Central Única Nacional de las Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P) emita un pronunciamiento sobre “la creación de rondas campesinas en territorio indígena”.
Shimpiyacu fue reconocida como comunidad nativa en el año 1975, y les adjudicaron 15,648 hectáreas de territorio en el año 2000. En el año 1997, los miembros de la C.N. realizaron un contrato de cesión de uso de 10 años, sujeto a una periódica renovación, de aproximadamente 900 hectáreas, con migrantes que buscaban un lugar en donde producir alimentos que puedan ser vendidos en mercados cercanos.
Luego, en el 2007, renovaron el contrato por 10 años más. Y, llegado el momento del fin del contrato, los migrantes nunca desalojaron, incluso, durante los primeros meses del año, varios arrendatarios mostraron su negativa al pago de alquiler, argumentando que el permanecer ininterrumpidamente por más de veinte años les brindaba el derecho a propiedad.
Durante el año pasado se presentaron las primeras denuncias que señalaban ataques de invasores, en específicamente 3 sectores de la zona: La Verdad, Tornillal y Unión Progreso. Y, tras un intento fallido de delimitación territorial, que terminó con el cierre de la carretera a manos de los ronderos, la comunidad nativa presentó un pronunciamiento de desalojo para el 20 de abril. Por ello, se convocó a una reunión de emergencia en la que participaron diferentes instituciones gubernamentales locales, regionales y nacionales. Allí, se vislumbraron dos claras posiciones: desalojar o quedarse. Lo que consiguieron fue que la comunidad extienda el plazo de desalojo hasta diciembre, para asegurar que los niños terminen sin interferencias el año escolar.
Desde entonces no ha habido ningún avance. A inicios de junio, estalló la violencia. El 3 de junio, la comunidad nativa intentó desalojar de manera pacífica a los invasores; pero, ellos respondieron con violencia, pues según denuncian en el pronunciamiento, los ronderos, que apoyan a los invasores que quieren adueñarse de las tierras, cuentan con armas de fuego, y respondieron con balas. El saldo que dejó fue 3 heridos y 12 viviendas incendiadas.
Entre los actos delictivos que los ronderos presuntamente realizan están las constantes amenazas de muerte (a quienes no aceptan apoyar su lucha), el realizar cobros indebidos por el tránsito por la zona, y poner en peligro la vida de los indígenas, especialmente de las mujeres.
Este conflicto se ha alargado por más de veinte años, y demuestra que las autoridades solo aparecen en el lugar del problema cuando existe riesgo de que la comunidad nativa desaloje por su cuenta y haga su propia justicia, lo que hacen es seguir dando “análgesicos” hasta una próxima posibilidad de estallido del conflicto. Este es un problema que exige justicia, como los otros 176 conflictos sociales latentes registrados por la Defensoría del Pueblo en el mes de mayo en el Perú.