Si se toman en cuenta las condenas que actualmente purga en prisión y los procesos por los cuales todavía espera un fallo, no resulta difícil dilucidar que Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial de Alberto Fujimori, ha sido protagonista de varios de los casos más sórdidos de la política nacional de la década de 1990.
Aun así, ha causado sorpresa la programación del interrogatorio al que será sometido el 24 de setiembre por el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, en la Base Naval del Callao, donde Montesinos Torres purga su condena.
La diligencia responde a la investigación por los presuntos aportes de la empresa Odebrecht a Fuerza Popular (FP).
El fiscal Pérez espera recabar referencias que den cuenta sobre la vinculación de Montesinos con Vicente Silva Checa, investigado por integrar la presunta red criminal que habría ocultado dinero ilícito para las campañas electorales de la lideresa de FP, Keiko Fujimori.
Para los intereses de Montesinos, sin embargo, este sería un asunto menor en comparación al centenar de juicios y procesos que ha venido enfrentando desde el 2001 por su intervención en expedientes que van desde usurpación de funciones, lavado de activos, corrupción de funcionarios, tráfico de armas y conspiración, hasta desaparición forzada y homicidio calificado.
Montesinos cuantifica al menos 34 sentencias. La primera le fue impuesta en el 2002, un año después de ser capturado en Venezuela, hasta donde llegó luego de fugar del Perú, por haber asumido responsabilidades como jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) durante casi diez años sin haber sido designado por el Estado para dicho cargo. El Poder Judicial ordenó nueve años y cuatro meses de cárcel por el delito de usurpación de funciones.
A dicha pena le sucedieron varias más, como por ejemplo la del Caso Diarios Chicha (2005), por la que se le dictó ocho años de cárcel por los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado; la de enriquecimiento ilícito (2006), a diez años de prisión; la de la venta ilegal de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a veinte años de prisión; y la del caso de firmas falsas (2012), a seis años de cárcel.
Según la Procuraduría Pública Anticorrupción, estos procesos, así como otros por los que se le juzgó, convirtieron a Montesinos Torres en uno de los mayores deudores de reparaciones civiles por delitos de corrupción en el país.
Dicha institución reveló que de los S/1.417 millones que se debían por reparaciones civiles a junio del 2017, el pago que debían efectuar los quince mayores deudores, gran parte de ellos vinculados a los casos Fujimori-Montesinos, ascendía a S/1.414 millones. Es decir, casi la totalidad del monto.
Hasta octubre del 2017, el ‘Doc’, por su lado, solo pagó unos S/10 millones de la deuda de más de S/500 millones que tenía. A ello se le añadían los intereses acumulados, que ascendían a más de S/441 millones.
El último sábado, el procurador Amado Enco indicó que en lo que va desde 2019 se recaudó un millón 700.000 soles a partir de las sentencias impuestas por el Poder Judicial en los casos Fujimori-Montesinos.
Montesinos recibió una de sus sentencias más drásticas en 2010 cuando se le condenó a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos, El Santa y el asesinato del periodista Pedro Yauri.