Luego de 15 años de proceso judicial, la Justicia Peruana declaró infundada la demanda de propiedad de Machu Picchu a una familia cusqueña, y con esto determinó que el parque arqueológico más famoso del país es enteramente de propiedad del Estado Peruano.
La juez Sandra Contreras, del Primer Juzgado Civil de Cusco, sentenció que el terreno donde se halla la maravilla mundial le pertenece al Estado Peruano y no a la familia representada por Roxana Abrill Núñez, quien entabló una demanda el año 2003.