Quiero centrarme en la gran deuda que el Estado tiene con la clase magisterial, con los maestros. Hay una deuda de derechos que fueron mancilladas y derogadas muchos derechos en el gobierno dictatorial fujimorista cuando se empieza a mandar al tacho de basura la Ley del Profesorado la 24029 y su modificatoria la 25212, que reconocía por ejemplo en el artículo 48 un pago adicional de 30% por preparación de clases.
Este derecho económico adicional venía desde 1990 hasta 2012, donde el gobierno traidor de Humala, después que pidió a ruegos el voto a los maestros, una vez en el poder no solo desconoció este derecho adicional del 30%, sino también a miles de nombrados sin título pedagógico les despidió sin pena ni gloria e implantó su nueva Reforma Magisterial, dictada por los organismos económicos mundiales, teniendo como principio neoliberal exigencias de todo tipo con rigurosidad al pie de la letra y la vigilancia severa al docente en cuanto a sus desempeños a desarrollar ciertas competencias teóricas que el estudiante debe desarrollar en su largo aprendizaje desde la primaria hasta finalizar la secundaria.
El estudiante no es el elemento mecanizado para que aprenda ciertas capacidades que se desprenden de las competencias; no puede aprender de la noche a la mañana, cuando sabido es que la educación es un largo proceso de aprendizaje. En este largo camino el Estado no solo viene abandonando al estudiante, sino sobre todo, hace ratos que abandonó a los profesores con sueldos tan miserables, es una manera de abandonar al docente, pues no puede con ese sueldo irrisorio pasar tranquilamente todo el mes, alguna actividad adicional tiene que hacer para que le alcance el sueldo. En esto, a pesar de tener derechos ganados judicialmente no se le quiere pagar la deuda social con integridad, justicia y equidad.
Saca el Decreto Supremo 279 con ciertas prioridades y criterios por ejemplo que ese maestro esté con alguna enfermedad terminal y que pase los 65 años. Esto no solo es injusto, sino se viene marginando a más de 92 mil maestros que tienen su sentencia judicial ganada, y solamente son beneficiados un poco más de 20 mil a nivel nacional.
Está correcto que se atienda, y debe ser de manera inmediata que se atienda a los maestros con ciertas enfermedades y mayores de 65 años, pero no se debe abandonar de ninguna manera a los que están, la gran mayoría esperando por muchos años y que están por debajo de los 65 y que aún gozan todavía de cierta fortaleza orgánica. Justo y digno es que ese maestro sea atendido cuando la salud esté rebosante, y no recibir recién un derecho cuando ese organismo ya no trabaja normal.
La semana pasada el gobierno central ha girado 200 millones de soles para el pago de la deuda social en las regiones. De esta cantidad para el sector educación en la Región San Martín es una migaja y que debió salir en julio según la programación. El gobierno regional de San Martin que lidera el Dr. Pedro Bogarín también tiene un compromiso para pagar trimestralmente, tres veces al año. Estamos ya casi al mes de octubre, y no se cumple este compromiso.
Sería muy saludable para usted Dr. Pedro Bogarín, y para la gran masa de docentes de la región que por lo menos un trimestre se haga efecto este año con el compromiso para el 2021 que se hagan realidad los tres pagos por cada trimestre y de una manera integral no solo a los que tienen más edad y cierta enfermedad, sino a todos los que tienen el derecho judicial ganado.
Yo no me explico cómo puede el Estado oponerse a esta deuda a través de sus procuradores que llega casi a mil a nivel nacional ganando buenos miles de soles únicamente para que estos casos de las demandas judiciales de los maestros no se hagan realidad. Estos señores son las que trabajan las apelaciones, y menos mal ninguna apelación contra estos derechos tienen ganado, porque de lo contrario no existieran los 92 mil casos de sentencias judiciales ganadas.
Pero aunque no lo ganan, dejan la secuela del atraso, se alargan los procesos, por ello hay maestros que por largos años esperan que se haga realidad su demanda, y muchos se van de este mundo tragando el sabor amargo de la injusticia y la desigualdad sin recibir ni siquiera su resolución de monto.
Aquí depende también del Congreso, para que aprueben una ley para que la demanda social del 30% por preparación de clases sea atendida únicamente a través de la vía administrativa, con esto los procuradores en este aspecto dejarían de tener chamba y el docente al amparo de esta ley que fuera derogada se arrogaría todo trámite judicial.