El sacerdote fue abatido por un tirador el 24 de marzo de 1980, de un disparo en el corazón, mientras oficiaba misa en la capilla del hospital de enfermos de cáncer.
La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas señaló como autor intelectual del crimen al mayor del ejército Roberto D’Aubuisson, ya fallecido, fundador de la entonces gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha).
El asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, cometido por un escuadrón de la muerte hace 41 años en El Salvador, sigue sin ser castigado, denunció el lunes un organismo humanitario que cuestionó la lentitud de la Fiscalía General de la República Salvadoreña.
«Nuestra exigencia a 41 años (del crimen), es que cese la impunidad, que se investigue el caso», declaró en rueda de prensa el abogado Alejandro Díaz, de la oficina de la asociación de derechos humanos Tutela Legal María Julia Hernández.
Tutela Legal solicitó la reapertura del caso en marzo de 2017, luego de la derogatoria de una ley de amnistía que encubrió a los responsables de crímenes durante la guerra civil (1980-1992). En 2019, esta entidad presentó un listado de presuntos involucrados. Pero, según Díaz, el caso se quedó estancado solo con el capitán en retiro Álvaro Saravia, considerado como el único imputado. El militar es buscado por Interpol desde el 23 de octubre de 2018, sin éxito.
Un asesinato planificado
Saravia, un lugarteniente del principal implicado, el ya fallecido mayor Roberto D’Aubuisson, confesó años atrás al periódico digital El Faro la manera en que se planificó y ejecutó el asesinato de Romero.
«Consideramos que hay obstáculos muy graves para que el caso avance, principalmente en la lentitud de la Fiscalía General de la República y de otras instituciones para procesar (…) y sancionar a los autores intelectuales y materiales en este caso», denunció Díaz.
Tras cuatro años de la reapertura del expediente, la Fiscalía debería de tener «un equipo de fiscales de Derechos Humanos» viendo el tema, explicó por su parte, Ovidio Mauricio González, otro de los abogados de Tutela Legal.
El asesinato encendió una guerra civil que en doce años dejó 75.000 muertos, más de 7.000 desaparecidos y 
millonarias pérdidas económicas.
El domingo 23 de marzo de 1980, Monseñor Romero pronunció su última homilía, la que fue considerada como una sentencia de muerte, debido a la fuerte denuncia que realizó: “En nombre de Dios y de este pueblo sufrido… les pido, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión”, urgió.
Un día después, el 24 de marzo, el santo fue asesinado por un disparo en la cabeza, mientras oficiaba la Eucaristía en la Capilla del Hospital La Divina Providencia en la capital salvadoreña.
Sus funerales, llevados a cabo el 30 de marzo, fueron escenario de una manifestación popular, a la que acudieron campesinos, obreros, estudiantes, hombres, niños y las mujeres del campo y la ciudad.
«La palabra queda, y ese es el gran consuelo del que predica. Mi voz desaparecerá, pero mi palabra, que es Cristo, quedará en los corazones que la hayan querido recoger» (Romero, 1978).
El papa Francisco canonizó a Romero el 14 de octubre de 2018, y lo destacó como un férreo defensor de los derechos humanos y un ejemplo de la iglesia cercana a los pobres.