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domingo, mayo 5, 2024

Son 22 gobiernos regionales investigados por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios

Envueltos en investigaciones y el impacto en la estabilidad y economía del país 

Las últimas semanas el Perú fue testigo de nuevos escándalos de presunta corrupción en Arequipa, Puno, Áncash, Tacna y Ucayali. Veintidós de 25 gobernadores regionales se ven alcanzados por investigaciones y vale preguntarse, ¿cuánto afecta esto a la estabilidad y crecimiento del país y qué cambios deben darse? 

El 2021 será recordado, entre otras cosas, por la cantidad de gobernadores regionales que tuvieron que dejar sus cargos, los detuvieron, allanaron sus viviendas y/o los suspendieron debido a investigaciones por presuntos delitos como peculado, colusión y crimen organizado, no solo en su actual gestión sino, antes de ella. 

Hasta diciembre del 2021, las cuentas indican que 22 de los 25 gobernadores regionales tienen procesos abiertos y son investigados por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecot).  Los únicos que no están incluidos en investigaciones son los gobernadores de Cajamarca, Mesías Guevara; La Libertad, Manuel Llempén; y San Martín, Pedro Bogarín. 

Corrupción regional  

De acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, estos tienen la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

Pero, este plan no ha resultado del todo bien para las regiones, ya que, según el registro del Ministerio Público, 22 de los 25 gobernadores regionales del país y al menos 52 funcionarios, son investigados por las Fiscalías Especializadas. 

Otros 52 funcionarios de ocho gobiernos regionales son investigados por direccionamiento de compras, contrataciones irregulares, tráfico de influencias, malversación de fondos, entre otros. 

Pese a las investigaciones, el 65% aún ocupa su cargo de gerente, jefe de oficina o consejero en los gobiernos de Cusco, Arequipa, Puno, Piura, Ucayali, Lima y Apurímac. 

 

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