Nelson Shack Yalta, contralor general de la República del Perú, informó que el año 2020 el estado peruano perdió más de 22 mil millones de soles por el desfalco realizado por funcionarios corruptos en plena pandemia.
“En el año 2020 en pleno año de pandemia, el Perú perdió por problemas de corrupción en conducta funcional más de 22 mil millones de soles, es decir el 12% de todo lo que ejecutó. Es como decir que de cada 100 soles que gastamos, en el presupuesto público, 12 soles se pierden por problemas de corrupción”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que tener 22 mil millones de soles es como tener dos carreteras centrales con todo lo que eso significa en términos de beneficios económicos y sociales, etcétera. “En ese estudio tratamos de cuantificar por región cuántos colegios se hubieran construido si no se hubieran robado la plata, cuántos puestos de salud, camas UCI”, etcétera.
“Es una información interesante que te permite traducir el costo que significa para todos los peruanos seguir conviviendo con la corrupción, porque este es un problema estructural, que es como un virus y cáncer que se está expandiendo en todo nuestro Estado desde hace muchas décadas atrás”, destacó.
Manifestó que la Contraloría hace su trabajo, pero desgraciadamente no siempre es adecuadamente escuchada. “Nosotros perdimos esa capacidad sancionadora que recién la hemos recuperado el año pasado, con lo cual este año yo creo que las cosas van a ser un poco diferentes, porque es lamentable pero así funciona, tiene que haber sanción para que efectivamente las cosas se puedan encaminar”, indicó
Declaró que los efectos directos de la corrupción son la pobreza y la desigualdad. “Genera pobreza porque si se roban la plata de todos los peruanos, habrá menos plata para poder hacer la prestación de bienes y servicios que los peruanos necesitamos, sobre todo aquellos más vulnerables. Al hacer eso, va a aumentar la pobreza y la desigualdad, porque afecta más a los que menos tienen”, puntualizó.
“La corrupción nos afecta a todos, pero no a todos por igual. La mayor cantidad de afectación es en la población más pobre y vulnerable, que es la que usan los servicios públicos con mayor intensidad en educación en salud en transportes etcétera y que se ve perjudicado más directamente que aquellos que no usan esos servicios, por los problemas de calidad y cobertura producto de la corrupción”, subrayó.
Según Proética
Más de 1400 investigaciones en fiscalías en todo el país
Desde que se decretó el estado de emergencia para contener el avance de la pandemia el gobierno peruano ha destinado miles de millones de soles para financiar distintas acciones: apoyo a población en situación vulnerable, mediante bonos y canastas de alimentos, materiales de protección biomédica para el personal que ha estado en la primera línea, productos de limpieza y desinfección para permitir la continuidad de las actividades del sector público, apoyo financiero a empresas, entre otras. A fines de setiembre, según el portal oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, se había transferido a distintas entidades de todo el aparato público más de S/20 mil millones para estos fines.
Al mismo tiempo, y prácticamente desde el inicio, saltaron los escándalos de corrupción relacionados a varias de estas adquisiciones y en algunos de los casos más sonados los avances de las diligencias fiscales, como allanamientos y detenciones, fueron registrados en medios de comunicación. La posibilidad de realizar compras directas, en el marco de la emergencia, que le da discrecionalidad a los servidores para agilizar procesos que de otra manera serían muy engorrosos, también trae consigo la tentación de obtener un beneficio indebido al postergar la regularización y publicación de la información hasta 30 días después de ejecutar el contrato. Este podría haber sido el principal incentivo para incurrir en estos actos
¿Pero cuál es la extensión de la corrupción en el combate a la pandemia?
Es difícil determinarlo, por la propia naturaleza de la corrupción, que se desenvuelve en la oscuridad. Sólo podremos aproximarnos a ella a través de las investigaciones que se desplieguen y que lleguen, al final del debido proceso, a determinar si hubo o no y de qué magnitud podría haber sido.
Este Observatorio de Casos de Corrupción en la Pandemia utiliza datos centralizados por la coordinación nacional de las fiscalías anticorrupción y los presenta en un formato que permita entender la situación actual y darle seguimiento. En esta primera entrega, se comparte datos que cubren el periodo desde el inicio del estado de emergencia, el 16 de marzo pasado, hasta el 20 de agosto.
ADEMAS: De acuerdo con información de la Procuraduría Anticorrupción se abrieron más de mil investigaciones en el Ministerio Público, entre abril de 2020 y mayo de 2021. Entre esos casos, figuran 107 carpetas fiscales por delitos presuntamente cometidos por miembros del Ejército del Perú (90) y del Ministerio del Interior (17).
La investigación también permitió ahondar en los casos de 18 integrantes de la Policía Nacional de Perú (PNP) y del Ejército peruano acusados de irregularidades penales en compras de equipos de bioseguridad y aseo durante la pandemia del Covid-19, según informes de la Contraloría General de la República. En las denuncias aparecen implicados oficiales, suboficiales y trabajadores de estas fuerzas del orden.