En apenas dos primeros días de la última semana de febrero, la labor periodística se ha visto golpeada por las autoridades llamadas a cautelar la libertad de expresión.
En los dos primeros días de la última semana de febrero, la labor periodística ha recibido múltiples ataques de parte de las autoridades que, en principio, deberían ser las primeras en respetar y defender la libertad de expresión y de prensa. El primero de ellos, al inicio de esta semana vino nada menos que del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, quien al igual que el primer ministro Aníbal Torres, pretendió decir a los reporteros que cubrían una actividad oficial qué debían preguntar y qué no.
Es así que al ser cuestionado sobre las presuntas contradicciones que habría tenido en sus declaraciones ante el Ministerio Público y en una entrevista con CNN en Español respecto a las presuntas reuniones que habría tenido con la lobista Karelim López, el jefe de Estado solo atinó a decir “esta prensa es un chiste” y no a absolver los serios cuestionamientos que pesan sobre él.
Al día siguiente, el mandatario repitió sus maltratos a los periodistas que cubrían una actividad en el poblado de Jicamarca impidiendo que cumplan con su trabajo y disponiendo de efectivos policiales que actuaron una barrera de seguridad entre el profesor rural y los reporteros.
Se hace evidente que el presidente no está cumpliendo con respetar la libertad de expresión, tal como se comprometió al firmar la Proclama Ciudadana cuando fue candidato presidencial.
La noche del martes, el periodista Enrique Chávez señaló que fue despedido intempestivamente de TV Perú, espacio en el que trabajaba desde hacía siete años. Durante su último mensaje consideró que la pluralidad “no parece ser la bandera” en la gestión del canal de todos los peruanos.
En declaraciones para Panamericana TV, Chávez dio cuenta de los despidos a productores y a la reducción de sueldos a personal más “experimentado” de la señal del IRTP.
Desde la señal del Estado, se emitió un comunicado en el que se sostenía que la separación del periodista se debía al vencimiento de una orden de servicio que establecía su permanencia hasta el 28 de febrero. No obstante, Chávez señaló que, minutos antes del programa se le indicó que su programa se transmitiría hasta el viernes 25.
Durante dicha entrevista, también se señaló a Franco Pomalaya, presunto integrante del “Gabinete en la sombra” de Pedro Castillo por “cuestionar” el espacio que recibían los congresistas de izquierda en el espacio conducido por el hombre de prensa.
Asimismo, Chávez denunció que desde el inicio de la gestión de Pedro Castillo se inició una campaña cuestionando su trabajo y permanencia en TV Perú por presuntamente, estar en contra del jefe de Estado.
Pero no solo el Ejecutivo ha embestido contra el periodismo. El Ministerio Público emitió un pronunciamiento en el que cuestiona a la periodista de Canal N, Melissa Peschiera por “dejar entrever” que hubo comunicaciones entre la titular de dicha institución, Zoraida Ávalos y el exjuez supremo y presunto cabecilla de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, César Hinostroza Pariachi.
“Es importante que en cautela con la institucionalidad del Ministerio Público (…) se informe con responsabilidad y se contrasten los hechos noticiosos para informar con objetividad a la ciudadanía”, señalaron.