El presidente Castillo se ha propuesto agitar el avispero todas las semanas. O eso parece. Por su acción o inacción, propicia la controversia y la crispación. Aunque, la verdad sea dicha, en esta ocasión mucha de esa crispación viene de forma gratuita, sin demasiada justificación.
Hace algunos días, el mandatario anunció la pronta presentación de una iniciativa para proponer la inclusión, en las próximas elecciones regionales y municipales, de una consulta bastante simple a los electores: ¿Desean o no una nueva constitución? Como era de esperarse, el tema generó polémica y no pocos sectores de la prensa y la clase política predijeron el apocalipsis de aprobarse dicha iniciativa.
Pero, ¿realmente es tan malo preguntarle a la gente si quiere renovar el pacto social de nuestro país? ¿No se supone que la democracia se basa en la voluntad de las mayorías en tanto esta no contravenga derechos fundamentales? Es decir, ¿por qué significaría una debacle sin precedentes consultarle a las peruanas y peruanos si la Constitución de 1993, nacida tras un autogolpe y en medio de un régimen dictatorial, debiera ser reemplazada por otra que subsane las falencias de su antecesora? Claro, no pocos afirman que las democracias más estables y sólidas del mundo no andan pensando en cambiar su carta magna según el humor del momento. Los cambios, en su caso, no pasan de reformas o modificaciones a constituciones que logran mantenerse vigentes durante siglos. Y, en ese aspecto, tienen toda la razón.
Sin embargo, la convulsionada historia del Perú – como suele suceder con el resto de países latinoamericanos – demuestra que hace mucho perdimos la oportunidad de ostentar un único documento que rija el funcionamiento de la república.
Conforme se sucedían los caudillos que tomaban el poder y, en especial, sus intereses, las constituciones peruanas han transitado entre el conservadurismo más rancio y tímidos liberalismos sin que ninguna logre perdurar demasiado.
Aceptado ello, también debemos aceptar que la propuesta de Pedro Castillo no busca aprobar lo escrito por alguna Asamblea Constituyente. Es, simple y llanamente, preguntarle a la población si quisiera que tal proceso siquiera inicie. ¿Quiere una nueva Constitución? ¿Sí o no? Tan elemental. Tan fácil. Tan repudiado.
Honestamente, la propuesta presidencial es bastante tibia y no encuentro razones plenamente sustentadas para oponérsele. Que la actual administración ha hecho mal un sinnúmero de cosas resulta incuestionable, pero la ineptitud o mezquindad demostrada en el ejecutivo – sin que el legislativo se quede atrás – no arrebata a los ciudadanos su derecho a participar en las decisiones de mayor trascendencia. Por cuestiones prácticas, elegimos a unos cuantos para que nos representen y tomen las decisiones del día a día dado que sería imposible reunirnos a diario los más de 30 millones de peruanos para hacerlo. Es casi sentido común. Mas nuestro deseo con respecto a preservar o cambiar la ley de leyes que nos rige es un asunto en el que, perfectamente, todos podemos hacer escuchar nuestra voz.
Insisto. Es algo muy simple. Si la Constitución del ’93 ha sido efectiva para el desarrollo integral del país, nada pasará. Por el contrario, si el Perú expresa su deseo de cambiarla, sería un indiscutible indicativo de que algo falla. Sea cual sea el resultado, nuestros temores o prejuicios, nuestra concepción de los compatriotas y del electorado – que algunos llamaron despectivamente ‘electotarado’ – no puede restringir el ejercicio de la democracia. Y no existe nada más democrático que preguntarle a la gente si compartimos la misma visión de país.
Cumplidos 200 años de vida republicana, ¿qué tal si, de una vez por todas, aplicamos en su plenitud la democracia que tanto reclamamos?