Tenemos en campaña más de 250 candidatos a gobernadores regionales y más de 1.500 a alcaldes provinciales.
El año pasado, en plena pandemia y gran parte del tiempo en cuarentena estricta, con la economía paralizada, la corrupción no se detuvo. Un estudio de la Contraloría General de la República señala que en el 2020 se perdieron S/ 22,059 millones por efectos de la corrupción e inconducta funcional.
A 20 años del inicio del proceso de descentralización, los peruanos nos preparamos para acudir a las urnas el próximo 2 de octubre con desazón. De las 25 autoridades regionales electas hace cuatro años, el 84% (21) tiene investigaciones en curso en el Ministerio Público, varias de ellas relacionadas a casos de corrupción. Ocho de ellos ya no ejercen sus cargos porque fueron separados por sentencias, están prófugos o tienen prisión preventiva.
Tras cinco procesos electorales en las regiones, queda claro que lo que se ha descentralizado es la corrupción.
A 20 años del inicio del proceso de descentralización —que se inició el 17 de noviembre del 2002 con la elección de gobernadores en 25 regiones— los peruanos nos preparamos para acudir a las urnas el próximo 2 de octubre con desazón.
Si entre los años 2006 y 2013 se creyó que desde las regiones surgirían liderazgos que renovarían la política nacional, lo cierto es que, como anota el politólogo Martín Tanaka en una columna publicada en el diario El Comercio, cada vez son más los gobernadores regionales investigados y encarcelados por actos de corrupción.
De las 25 autoridades regionales electas hace cuatro años, el 84% (21) tiene investigaciones en curso en el Ministerio Público. Ocho de ellos ya no ejercen sus cargos porque fueron separados por sentencias, están prófugos o tienen prisión preventiva. Y, ampliando el mapa de la corrupción a los municipios, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ha contabilizado que, entre 2002 y junio del 2022, hay 3.976 autoridades regionales y municipales electas involucradas en procesos de corrupción.
Tras cinco procesos electorales en las regiones, queda claro que lo que se ha descentralizado es la corrupción. César Álvarez y Gregorio Santos, exgobernadores de Áncash y Cajamarca, respectivamente, son dos nombres que la mayoría de peruanos conocemos bien, aunque no hayamos vivido en esas regiones cuando eran autoridades.
Además de corrupción, la inoperancia y la falta de eficacia en el gasto público desde los gobiernos regionales – por falta de fortalecimiento institucional y la capacitación de sus funcionarios – ha dificultado superar desastres, como en Piura, donde a más de cinco años de la peor inundación de su historia, continúa siendo un pendiente el desarrollo de obras para superar la vulnerabilidad de la región frente a las lluvias y el desborde de ríos.
La descentralización nacional es un proceso fallido, que transfirió recursos sin competencias, y que se seguirá agravando mientras no haya decisión política desde el Congreso y el Gobierno Central para replantear el modelo.
No es, por supuesto, responsabilidad exclusiva del gobierno de turno, ya han transcurrido dos décadas de la creación de los gobiernos regionales, pero la reforma al diseño de este proceso parece lejana. Por el contrario, parece que los procedimientos de las mafias al interior de los gobiernos regionales se han replicado en el entorno del presidente Pedro Castillo como indicaba el politólogo Gonzalo Banda.
¿Qué nos queda entonces por hacer a los electores?
Desde el periodismo, la sociedad civil y organismos nacionales han surgido iniciativas para brindarnos información sobre los antecedentes de los candidatos a los gobiernos regionales y municipales y ayudarnos así a decidir nuestro voto.
El panorama electoral es alarmante, en todas las regiones mapeadas hay candidatos con investigaciones fiscales por diversos delitos, entre los que se incluyen casos de corrupción, y vínculos con actividades ilícitas como el narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal que, de ser electos, tendrán que fiscalizar.
Junto a Cusco, Áncash y Lima, Junín es una de las regiones con más autoridades procesadas por casos de corrupción hasta junio de este año según la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. En los últimos cuatro años ha tenido tres gobernadores de Perú Libre, dos de ellos fueron recluidos en prisión.
Este panorama de inestabilidad política en la región podría no variar: entre las nueve listas con candidatos en carrera figuran dos investigados por el presunto delito de lavado de activos y corrupción, exautoridades cuestionadas y empresarios con investigaciones fiscales.
Campañas políticas y corrupción
Un primer eslabón de este círculo es el compromiso que asumen los candidatos con sus financistas de campaña. El contexto de las campañas políticas en las regiones se inserta en la realidad de la fragilidad de los partidos nacionales y movimientos políticos que aparecen y desaparecen de elección en elección. Las campañas electorales tienen un exacerbado componente de publicidad, por ello, cada vez necesitan mayores recursos económicos y, por ende, han ido apareciendo personas o grupos que financian dichas campañas. Esta situación ha permitido el vínculo económico tácito y directo entre empresarios y candidatos. Podemos señalar que se va construyendo una especie de hipoteca de los candidatos para con los empresarios. Sucede que el compromiso de pago de la futura autoridad regional se resuelve a través del direccionamiento y favorecimiento en las licitaciones de obras o en la compra de bienes y servicios.
En suma: Recuperar CONFIANZA.
La situación actual de corrupción pone en entredicho la propia descentralización y la forma como se ha configurado ésta, así como la necesaria acción de mejorar el diseño de los gobiernos regionales y fortalecerla combatiendo la corrupción que se ha instalado. Es necesario asegurar la gobernabilidad de las regiones recuperando la confianza de la ciudadanía en base a una gestión eficiente, integral y que ponga por delante las prioridades que las regiones necesitan con planes de desarrollo de mediano y largo plazo. De otro lado, debemos ser conscientes que la implementación de políticas anticorrupción presenta una complejidad importante por el tipo de burocracia del Estado y por la debilidad de los partidos y políticos. Se requiere, entonces, alinear intereses e incentivos de diversos actores estatales y políticos para llevar a cabo una reforma profunda al interior de los gobiernos regionales y locales.
En el Perú el fenómeno de la corrupción ha penetrado todos los niveles del Estado y la sociedad civil, al punto que muchos casos de corrupción se han naturalizado en la vida cotidiana de los ciudadanos y la burocracia. Fuentes: proética-ojopublico-ideele