Durante festividades por Navidad ocurrieron dos eventos vinculados a la venta ilegal de dichos productos.
Ante la cercanía de las celebraciones por la llegada de un nuevo año, el módulo de la Defensoría del Pueblo en Tarapoto requirió a las municipalidades provinciales de Picota, El Dorado, Lamas, Bellavista, San Martín y Alto Amazonas incrementar las acciones de fiscalización dirigidas a erradicar la venta informal de productos pirotécnicos, a fin de evitar incendios y otros accidentes que podrían ocurrir debido al procedimiento informal en que muchos de estos son elaborados.
De acuerdo al seguimiento de los últimos acontecimientos, la sede defensorial informó que el último 24 de diciembre, a pocas horas de las celebraciones por Navidad, se registró una explosión severa de pirotécnicos que casi provoca un incendio en el barrio Comercio, desatando el pánico entre transeúntes y comerciantes que se encontraban apostados en la feria ambulante que se había instalado en dicha zona.
A ello se suma que el último lunes se registró un incendio en el mercado conocido como La Paradita, en la provincia de Bellavista, que se habría originado en el sector dedicado a la venta de pirotécnicos. Si bien no se registraron personas heridas, el evento provocó la pérdida de productos que se ofertaban en otros puestos ubicados al interior del mercado.
Al respecto, la coordinadora del Módulo Defensorial de Tarapoto, Katheryne Chamoly, explicó que la venta de productos pirotécnicos se puede realizar únicamente en locales autorizados por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), precisando que, en el caso de esta ciudad, donde no se cuenta con espacios autorizados por dicha entidad, solo pueden ofrecerse pirotécnicos pequeños, como bengalas, petardos o truenos, entre otros, bajo condiciones estrictas de seguridad.
La representante de la Defensoría del Pueblo se pronunció así en un documento dirigido a las autoridades de las seis provincias que forman parte de su ámbito de acción, a quienes recordó que las funciones de fiscalización deben ser cumplidas a cabalidad, al margen de que queden pocos días para el término de las gestiones ediles.
En el documento, Chamoly precisó que la vulneración de la normativa sobre venta de productos pirotécnicos, además de acarrear consecuencias administrativas, es pasible de sanción penal contra quienes promuevan dichas actividades o contra las autoridades que lo permitan. “Por ello resulta necesario que las municipalidades, en coordinación con la Sucamec, Policía Nacional y Ministerio Público, dispongan acciones de fiscalización efectivas dirigidas a erradicar todos aquellos puntos de venta no autorizados para productos pirotécnicos de uso recreativo, distintos a los usados para espectáculos”, remarcó.