A inicios de enero, el Ministerio Público abrió una investigación por presunto delito de «genocidio» contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas. En este proceso, también está implicado su primer ministro.
A través de la resolución de secretaría general de la Presidencia del Consejo de ministros, a cargo de Óscar Enrique Gómez, se aprobó que sea el Estado el que asuma el costo económico de la defensa legal del jefe de la PCM, Alberto Otárola, en la investigación preliminar en la que está inmerso y que realiza la Fiscalía de la Nación.
En esta se indaga sobre su presunta responsabilidad penal en las muertes ocurridas en el contexto de la represión policial hacia los manifestantes durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.
“Se resuelve otorgar el beneficio de la defensa y asesoría legal solicitado por el Sr. Luis Alberto Otárola Peñaranda, presidente del Consejo de ministros, durante la investigación a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, llevada a cabo en la carpeta fiscal N.º 277-2022”, se lee en la resolución N.º 012-2023-PCM/SG.
En tanto, se dispuso que la Oficina General de Administración y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto efectuara acciones pertinentes para la contratación y ejecución de los gastos en razón de la defensa y asesoría legal en beneficio del primer ministro.