Yurimaguas. En aprietos legales se encuentran varias comunidades indígenas de la provincia de Alto Amazonas, representadas por sus dirigentes entre apus, agentes municipales y tenientes gobernadores, tras ser sancionadas por el Organismo Supervisor de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR).
Juan Tapayuri Murayari, jefe de la División de Asuntos Indígenas de la gerencia Subregional de Alto Amazonas, y expresidente de ORDEPIAA (Organización Regional de Desarrollo de Pueblos Indígenas de Alto Amazonas), informó, que madereros ilegales se aprovecharon de la inocencia o cultura de los representantes de las comunidades, para hacer uso y abuso de sus permisos forestales para manejo de bosques comunales, explotando y transportando recurso maderable de áreas no autorizadas.
Explicó que los representantes de las comunidades indígenas dieron poder a terceras personas para la explotación de sus bosques a cambio de irrisorias sumas de dinero, y éstas se aprovecharon para mover ingentes volúmenes de otras áreas (no autorizadas), usando el permiso forestal, hasta que fueron descubiertos por OSINFOR.
“Esta acción ilegal o tráfico ilegal de madera, está perjudicando a las comunidades indígenas, que fueron multadas económicamente, por violar la ley”, sostuvo Tapayuri.
Agregó que los madereros ahora se han hecho humo y nadie quiere responsabilizarse.
Como ejemplo citó a algunas comunidades entre ellas:
San Roque de Yahuarhuaco, tiene una multa de 72 mil 500 nuevos soles desde el 2012, Puerto Libre, con una multa de 33 mil nuevos soles, Nuevo Triunfo del Pavayacu, con una multa de 6 mil nuevos soles, así como Antioquía.
Juan Tapayuri, realiza gestiones antes instancias regionales y nacionales para anular estas sanciones.
SEGURIDAD JURIDICA
El dirigente informó que otro problema que afrontan las comunidades indígenas, es la seguridad jurídica de su territorio ancestral, ante la parcelación que vienen haciendo moradores no naturales del lugar, para vender sus predios al mejor postor, como es el caso de Villa HERMOSA, comunidad nativa de la etnia shawi del distrito de Balsapuerto.
“Hay foráneos que viven dos o tres años y luego venden los bosques por sus riquezas naturales”, dijo.
Otro caso ocurre en el distrito de Jeberos; aquí el Estado estaría concesionando el territorio de las comunidades nativas (shiwilo), a empresas agropecuarias, despojando de áreas boscosas a sus habitantes, situación que podría generar una reacción adversa de las comunidades, pues estas se encuentran ofendidas, al no respetarse la consulta previa.
“Espero que no ocurra como en la selva central, donde la mafia maderera asesinó a los dirigentes ashaninkas, por oponerse a la tala ilegal de madera”, sentenció.