El MEF estableció la conformación de la “Mesa Ejecutiva para el desarrollo de la Amazonía Peruana”, con el objetivo, según el documento, de abordar, identificar, promover y proponer acciones que permitan el desarrollo productivo, inclusivo y ambientalmente sostenible de la Amazonía.
Esta mesa es de naturaleza temporal y en la resolución se detalla la necesidad de impulsar una conectividad amazónica sostenible que permitan mejoras en la salud, educación, transporte de personas y productos, así como el acceso a mercados nacionales e internacionales para los productos amazónicos.
Para la creación de esta mesa se dispuso la derogación de la Mesa Ejecutiva de Logística e Infraestructura Fluvial y la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo de los Mercados de Abastos.
La Secretaría Técnica está a cargo del Equipo Especializado de Mesas Ejecutivas del MEF, el mismo que se encarga de dirigir el funcionamiento y operación de la mesa. Dicho espacio de trabajo también podrá invitar representantes o especialistas de entidades del sector público o privado, y no demandará recursos adicionales al tesoro público.
¿Qué temas deberían abordar estos espacios de trabajo?
De acuerdo con el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), la Amazonía reúne alrededor de 38 millones de habitantes, de los cuales el 60 % se concentra en ciudades.
Actualidad Ambiental identificó algunos retos ambientales que deben enfrentar el Gobierno y el Congreso. Entre ellos destacamos detener y erradicar la deforestación, erradicar la minería ilegal, proteger a los defensores ambientales y adaptarnos al cambio climático.
Cabe resaltar que la deforestación en la Amazonía peruana ha sido impulsada principalmente por la expansión de la frontera agrícola y la agricultura migratoria.
Hasta el año 2020, se estima que se han perdido alrededor de 12 millones de hectáreas de bosque natural, de las cuales más de 200 mil se perdieron solo en ese año, superando en 54 846 la cantidad de bosques perdidos el año anterior. Esta deforestación ocurre principalmente en tierras de dominio público (tierras de capacidad de uso mayor forestal o tierras de capacidad de uso mayor para protección).
Congreso impulsó dictamen que permite convalidar y otorgar títulos de propiedad sin la evaluación técnica. A pesar de esta problemática, el Congreso de la República impulsó un dictamen que permite convalidar y otorgar títulos de propiedad sin la evaluación técnica necesaria. Es decir, se podría autorizar el desarrollo de actividades ilegales como el tráfico de tierras para la agricultura y ganadería.
Otra propuesta controversial fue la presentada por el congresista fujimorista Jorge Morante, la cual pretendía modificar la Ley PIACI para quitar funciones al Ministerio de Cultura (Mincul) y pasarlas a los gobiernos regionales, y apuntaba, incluso, a anular la creación de algunas reservas indígenas que tomaron años en ser reconocidas.
No nos queda otra: Adaptarnos al cambio climático
El Perú se encuentra entre los 20 países más vulnerables al cambio climático debido a su ubicación geográfica con montañas tropicales y una amplia diversidad de ecosistemas. En este sentido, es crucial desarrollar acciones de adaptación al cambio climático, especialmente a través de la gestión de riesgos de desastres y la inversión en infraestructuras sostenibles. Estas medidas permitirán que las ciudades sean más resilientes frente a los impactos de este fenómeno global.
En cuanto al Acuerdo de París, el Perú presentó sus contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) en 2018 y las actualizó en 2020. El país se compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 40 % para el año 2030, con dos terceras partes de esta reducción proviniendo del sector de Uso del Suelo, Cambio del Uso del Suelo y Silvicultura. El Estado peruano planea implementar un 30 % de reducción a través de inversiones y gastos con recursos internos, tanto públicos como privados, mientras que el 10 % restante estará sujeto a la disponibilidad de financiamiento externo internacional.
Cumplir con los objetivos del Acuerdo de París no recae exclusivamente en los gobiernos nacionales, sino que requiere la colaboración de múltiples actores, incluyendo autoridades locales, la sociedad civil y las empresas. El sector privado desempeña un papel estratégico al adaptar su proceso productivo, operaciones y cadenas de suministro para garantizar la continuidad de sus negocios ajustando las mismas al cumplimiento del objetivo de dicho acuerdo. El sector privado y financiero del Perú son clave para que el Perú transite hacia el carbono neutralidad.
Ello, aún es más importante si se considera iniciativas como las que se vienen trabajando en la Unión Europea, para el establecimiento de un mecanismo de ajuste en frontera por carbono, lo que implicaría que los productos importados a la Unión Europea paguen un precio equivalente al pago que realizan los productores europeos por las emisiones que se da en el marco del régimen de comercio de derechos de emisiones. Ello busca nivelar las reglas de juego para los productores locales y los exportadores externos a la Unión Europea, igualando los costos asociados a las emisiones de carbono.
La competitividad de un país depende hoy de su responsabilidad ambiental, su acción climática y su esfuerzo por revertir los procesos de pérdida de naturaleza. El Perú está perdiendo el impulso que en ello se tuvo. Debemos recuperar las acciones, vencer las amenazas y apostar por un desarrollo que enmarcado en la sostenibilidad nos genere beneficio a todos los peruanos.