El viernes 18 de setiembre de 1936 el sargento segundo Silverio Silva Navarro, Jefe de Línea de la Guardia Civil, se encontraría con una terrible sorpresa cuando se aprestaba a tomar desayuno en su casa del barrio Suchiche, de Tarapoto, pues creyó descubrir huellas de triquina en el provocativo chicharrón que le servía su señorita empleada. Como buen guardia civil, cuerpo que en la época tenía por lema el Honor, la Lealtad y el Deber, don Silverio, un policía con agallas y huevos, presentó su denuncia ante las autoridades competentes y salvar a la comunidad de matanceros inescrupulosos. Presentó su informe-denuncia ante el Inspector de Mercado, que estaba a cargo de don Antonio Arévalo Noriega, quejándose del matancero Luis Rodríguez, y adjuntado “el cuerpo del delito” que, de acuerdo a las disposiciones de la época, consistía en un kilo de carne de cerdo. Era época del alcalde Manuel Perea Gómez.
En esos tiempos, los funcionarios municipales tomaban decisiones al toque. Horas más tarde del mismo día, Antonio Arévalo Noriega emite su informe: “Examinada con minuciosidad la carne presentada por el que se dice infractor de la Ordenanza Municipal, ha resultado no tener germen alguno; en consecuencia, no ha lugar a la sanción que indica el despacho del denunciante”. Pero la cosa no iba a terminar así nomás. El sargento segundo Silverio Silva Navarro conocía sus funciones y, además, se le presentaba la oportunidad para otra denuncia que, desde hacía buen tiempo, no sabía cómo abordarlo.
Al día siguiente, el 19 de setiembre eleva su queja ante el subprefecto de la provincia. Eran épocas en que los cargos de autoridad realmente pesaban y nadie se podía salir con vainas. Se queja, entonces, del informe del Inspector de Mercado. Antes, quiero informar a mis lectores, y a la actual alcaldesa, Lluni Perea Pinedo, que el mercado de la ciudad quedaba en lo que ahora es la Casa del Maestro, una cuadra más abajo de donde residían mis abuelitos, en la entonces calle Comercio. El sargento Silverio expresa en su carta que el inspector Arévalo Noriega no conocía sus funciones y protesta que su denuncia haya sido calificada de falsa. “Esto es así porque el inspector, al desempeñar dos cargos al mismo tiempo, le impedían ser meticuloso en sus funciones, pues, aparte de ser funcionario, trabajaba en el Colegio San Miguel”, que en 1941 pasa a denominarse “Jiménez Pimentel”. El sargento se sentía “despreciado” a pesar de ser responsable en sus funciones y le parecía incorrecto que Arévalo realizara dos funciones en el Estado.
Finalmente, el 30 de setiembre de 1936, la Subprefectura se dirige a la Municipalidad Provincial de San Martín, en un lenguaje bastante protocolar y diplomático recomendándole “cortar de hecho estas irregularidades contradictorias a la salud pública” y aplicar las multas que correspondan. El sargento segundo Silverio Silva Navarro no quedó tranquilo con este informe, pero se contentó porque dijo lo que tenía que decir. (Fuente: Archivo Provincial del Gobierno Regional de San Martín. Comunicando Bosque y Cultura).