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sábado, diciembre 9, 2023

A los señores árbitros no les da la gana de resolver los casos estancados durante años, esto tiene que parar, tiene que terminar

El Defensor del Pueblo, abogado Josué Gutiérrez, ha realizado visita de trabajo a nuestra región, VOCES logró entrevistar al representante de la institución garante de derechos humanos en el país. Hablamos de la titulación y el tráfico de tierras, de las comunidades nativas, de las carencias de los servicios básicos en escuelas y centros de salud. Sobre el viacrucis de los niños y niñas en los penales de Moyobamba y Tarapoto y sobre las obras en arbitraje fue tajante en señalar.

Es una satisfacción estar en San Martín, una región muy importante que ha tenido momentos difíciles en la historia pero que ha sabido salir adelante y ha asumido grandes retos en contextos adversos, eso indica que existe emprendimiento y esfuerzo, se están haciendo bien las cosas, pero por parte del estado necesitamos mejorar los servicios básicos y justamente el gran supervisor de la administración estatal es la defensoría que tiene que esforzarse más para evidenciar las grandes falencias que tiene la administración pública.

San Martín ha sido duramente golpeada en los ochentas, noventas, a pesar de ello hemos sabido salir adelante, somos una gente de empuje como usted señala, pero a la vez tenemos carencias de servicios elementales para la población.

El día ocho estamos suscribiendo al Ministerio De Vivienda, un compromiso nacional a exigencia de la Defensoría del Pueblo y van a estar la ministra de vivienda y la presidenta de la República suscribiendo el derecho del Agua Segura como parte fundamental de la vida de la población y eso pasa por empezar a evidenciar, no solamente carencias y limitaciones de orden administrativo, sino, el entorpecimiento del ejecución de la labor de las obras públicas a través de los famosos árbitros en procesos arbitrales que nunca terminan y que se hacen complejos, como defensoría vamos a denunciar los penalmente por retardo en la administración de justicia y por exponer a la vida a la población en temas como el servicio del agua, el servicio de salud, que no tenemos instalaciones en muchas ciudades, en muchos hospitales importantes sin servicio de tomografía, ecografía, rayos x, sin equipamiento ni especialidad que impide brindar un servicio de calidad, porque simplemente no les da la gana a estos señores árbitros de resolver los casos que, años atras estan estancados en litigios, esto sin duda tiene que parar, tiene que terminar. Tenemos que ser eficientes frente a la gran demanda de estas grandes necesidades.

En San Martín, tenemos centros de salud en pésimas condiciones, hospitales sin equipamiento, escuelas defectuosas, obras paralizadas durante muchos años, infraestructura educativa no concluidas.

Y es que eso se debe fundamentalmente a que no hemos asumido con responsabilidad de parte del Estado en el marco normativo, en vez de agilizar la conducción de procesos, la culminación de obras las han hecho lentas y entorpecido, necesitamos una revisión holística del tema en un caso general que nos permita reprogramar todo esto y definir algunos esquemas estratégicos, por ejemplo superar los candados y las trabas burocráticas que han habido respecto al tema, de ser posible por falta de certificación del CIRA , falta certificación de la ANA, que falta certificación de algún otro sector del mismo Estado, se paraliza todo, no solamente los bienes estatales, los bienes nacionales dependen del mismo Estado, o sea, el Estado contra el Estado es algo incoherente.

En la región está en debate la titulación de las tierras en las comunidades nativas, un grupo a favor y otro grupo en contra, ¿cuál es su análisis?

Según una evaluación técnica ancestral y el domino territorial respecto a la comunidad, nuestra Amazonia siempre ha estado habitada por grupos étnicos, por poblaciones indígenas de manera milenaria antes que las zonas urbanas y ese reconocimiento de derecho es inherente y naturalmente no sólo está reconocido en la constitución, si no en el marco convencional sobre este tema de derechos; pero, a la misma vez,  también se debe al paso franco y real sobre el proceso de la significación económica que necesita tener la dirección, en este caso el Gobierno Regional de San Martín, para ir definiendo cuáles son sus centros de producción, de industrialización, urbanización y naturalmente en esa línea identificar zonas estratégicas acreditadas para el derecho de titularidad de vivienda de las comunidades o pueblos indígenas.

¿San Martín ha sido la primera región en el país que hizo sus zonificación económica y ecológica, lo que le falta es aplicarla?

Sí, y justamente esa unificación está claramente definida en las áreas que corresponden a reservas, las áreas que corresponden a comunidades nativas y eso tiene que respetarse.

Cerca del 80% del territorio de San Martín son áreas naturales protegidas, pero existe un alto tráfico de tierras en estos espacios?

Bueno, el tráfico de tierras es la ausencia o la no presencia del Estado, (…) las municipalidades no han definido un desarrollo urbano previo, o sea, las habilitaciones urbanas siempre son al revés en el Perú, primero se instalan las invasiones, las comunidades y luego piden procesos de saneamiento, cuándo es al revés;  las ciudades crecen de manera ordenada a medida que las autoridades planifican su crecimiento y eso pasa por una zonificación adecuada por la habilitación urbana y que esas habilitaciones urbanas hay que brindar servicios a la comunidad y si no hay espacios para esos servicios entonces empezamos teniendo las carencias y ese es el gran problema que tiene no solamente San Martín, casi toda la ciudades del país.

Pero a la vez vemos una sobre posición de las instituciones y a la vez una falta de articulación como el de la autoridad del agua, la autoridad regional ambiental, ¿las mismas fiscalías del medio ambiente?

Sí, cuando hay necesidades y cuando hay el ingreso a espacios restringidos como el tema de zonificación, entramos a los grandes problemas de las disputas de grandes litigios y de verdad le digo todo motivado casi presencia nula del Estado, porque si tuvieran un acompañamiento oportuno, la cosa no sería así, pero hay que resolver, el propio poder judicial tiene el mecanismo para poder resolver con justicia todo este proceso, básicamente eso, que no se puede pedir a la municipalidad, al gobierno regional que ya le pasaron por encima, entonces, el Estado en el Perú se ve como un estado reactivo, frente a la gran problemática.

Estamos trabajando el tema vinculado a promover en el país el sistema nacional de protección de menores, no olvidar que el patrimonio más importante de cualquier país del mundo es su pueblo, su gente y no es lo que pueda tener como recursos naturales, primero su gente, invertir en los niños, adolescentes, jóvenes.

Hemos estado en los penales justamente para ver qué carencias tienen porque no tener papá o mamá de por sí ya hay una desprotección y muchos de ellos son víctimas de violencia juvenil, víctimas de trata de personas, el abandono total y el Estado no fortalece este trabajo.

Ya que toca el tema usted doctor, tenemos en los penales de Tarapoto, Moyobamba, mamás con niños.

Tenemos un primer informe, no se imagina usted lo desgarrador que es encontrar niños que no tienen partida de nacimiento, niños sin vacunaciones, niños en completo abandono y el INPE no tiene presupuesto para atenderlos.

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