Henry Luna Córdova fue denunciado por el exfiscal ambiental de Loreto Alberto Caraza por, presuntamente, haber otorgado una concesión minera que se superpone a lo largo de la cuenca alta del río Nanay.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima dispuso iniciar diligencias preliminares contra el presidente ejecutivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, Henry Luna Córdova, tras la denuncia en su contra por, presuntamente, haber otorgado una concesión minera que se superpone a lo largo de la cuenca alta del río Nanay, en la provincia Maynas, región Loreto.
La denuncia en cuestión fue hecha por el exfiscal ambiental de Loreto Alberto Yusen Caraza, con el respaldo del Comité de Defensa del Agua de Loreto. Esta había sido presentada la Fema de Lima Centro por el presunto delito de otorgamiento ilegal de derechos en su calidad de funcionario público.
Según el abogado, dicha concesión se otorgó sin haber tomado en cuenta las normas y reglamentos que prohíben la actividad minera en ríos. Además, el otorgamiento de una licencia para llevar a cabo de exploración minera en el río Nanay atentaría contra la vida y salud de la población de Iquitos.
Caraza Atoche también ha presentado una demanda de amparo en el Juzgado Civil de Maynas contra el Ingemmet y la empresa a cargo de la concesión minera en el río Nanay, con la finalidad de anular dicho otorgamiento.
Además, en paralelo, el abogado interpuso una denuncia administrativa ante la Contraloría General de la República también contra Henry Luna Córdova por, presuntamente, haber inobservado la normativa relacionada a la protección del río Nanay.
“Se están vulnerando derechos constitucionales de gozar de un buen ambiente equilibrado, adecuado, así como el derecho a la salud, al agua, los cuales están establecidos en la Constitución. También consideramos que se ha vulnerado la Ley de Recursos Hídricos, el Decreto Legislativo N.º 1100 que regula la interdicción de la minería, así como las ordenanzas del Gobierno Regional que protegen al río Nanay», enfatizó.
Añadió que, con este paquete legal, no se está tratando, únicamente, de detener la concesión, sino que se busca que, en el futuro, no se vuelvan a cometer este tipo de acciones. Existen más solicitudes de concesiones mineras en el río Nanay. Por ello, lo principal es dejar un precedente para que no se comentan estas irregularidades.
El vocero del Comité de Defensa del Agua, José Manuyama, aseguró que este paquete de medidas legales cuenta con el respaldo de alrededor de 20 organizaciones sociales e instituciones de Loreto.
El dirigente anunció que el próximo 15 de noviembre se realizará una segunda movilización en la ciudad de Iquitos, a fin de exigir la nulidad de dicha concesión minera y demandar la celeridad en las investigaciones para sancionar a los responsables.
“Si se entrega esta concesión, si se continúa con este proceso de legalizar a la minería ilegal, lo que se generaría es un gran golpe al ecosistema hídrico de este río afectando gravemente nuestra alimentación, nuestros bosques y el agua potable que consumimos en la ciudad”, señaló Manuyama.