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martes, mayo 7, 2024

La polémica reforma de la Ley Forestal y Fauna Silvestre: Cronología y reflexiones

Por: Ludwig H. Cárdenas Silva

Tras varios días de un procedimiento parlamentario irregular, escribo estas líneas para exponer los acontecimientos relacionados con la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 31973), la cual ha desencadenado una serie de sucesos que evidencian preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional. Con este propósito, considero oportuno presentar la cronología de esta nueva ley.

  • El Proyecto de Ley 649/2021-CR fue presentado por el grupo parlamentario Perú Libre el 5 de noviembre del 2021, a iniciativa de la congresista Elizabeth Sara Medina El Proyecto de Ley 894/2021-CR fue presentado el 06 de diciembre de 2021, a iniciativa de la congresista Lady Mercedes Camones Soriano (APP). Finalmente, el proyecto de Ley 02315/2021-CR fue presentado el 9 de junio de 2022, a iniciativa del congresista Pedro Martínez Talavera (AP). Los tres proyectos de ley fueron acumulados durante la sesión del Pleno del Congreso del 7 de julio de 2022.
  • El 07 de julio del 2022, el Pleno del Congreso de la República aprobó los Proyectos de Ley 649/2021-CR y 894/2021-CR. Posteriormente, el 14 de julio de 2022, remitió la autógrafa al Poder Ejecutivo, frente a lo cual el 8 de agosto de 2022 el Poder Ejecutivo observó el referido proyecto de Ley por considerar que “no constituye una legislación adecuada, no solo para la protección de la Amazonía sino de todo el ecosistema nacional, desnaturalizando así el objeto y fin de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre”.
  • El 24 de agosto del 2022, la Junta de Portavoces del Congreso decidió exonerar de dictamen los Proyectos de Ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y 02315/2021-CR.
  • El 29 de agosto del 2022, se aprueban las cuestiones previas para que los Proyectos de Ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y 02315/2021-CR pasen a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología y luego retorne a la Comisión
  • El 23 de marzo del 2023, el Pleno del Congreso votó por la insistencia en los Proyectos de Ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y 02315/2021-CR. Como resultado de la votación, se dispuso su Ese mismo día, los congresistas Nilza Chacón y Elvis Vergara Mendoza presentaron una solicitud de reconsideración a la votación por insistencia de los Proyectos de Ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y 02315/2021-CR.
  • El 13 de diciembre del 2023, la CONFIEP envió un documento al Congreso instando a la “discusión y análisis” de los tres proyectos de ley que buscan modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763).
  • El 14 de diciembre del 2023, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia los Proyectos de Ley 649/2021-CR, 894/2021-CR y 02315/2021-CR.

Es importante destacar que desde el 2022, el Poder Ejecutivo venía observando las propuestas de modificación a la Ley N° 29763, argumentando falta de consulta a las poblaciones indígenas y autoridades. A pesar de las observaciones, el Congreso aprobó el dictamen de insistencia por unanimidad.

La reciente norma promulgada por el Congreso suspende hasta por dos años la obligatoriedad de exigir la zonificación forestal como requisito para la entrega de títulos habilitantes en áreas que se encuentren en trámite de reconocimiento, de titulación o de ampliación de comunidades campesinas y nativas. También están incluidas las áreas que se encuentren en trámite para el establecimiento de reservas territoriales y pueblos en aislamiento voluntario.

La ley establece, además, que los predios privados que no contengan bosques serán considerados áreas de exclusión para fines agropecuarios.

Compromisos climáticos del Perú en peligro: En la última opinión legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental respecto al tema, los especialistas advirtieron que lo aprobado por el Parlamento “deja al país en una posición de incumplimiento de los compromisos ambientales asumidos como el Acuerdo de París, Declaración Conjunta de Intención (DCI) con Noruega y Alemania, y el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) con Estados Unidos”.

Asimismo, “se pone en riesgo a cientos de miles de agricultores y de productores agrícolas cuyos productos no podrán cumplir con el Reglamento de la Unión Europea sobre cero deforestación, por haber sido producidos en tierras que no han cumplido con los estándares de protección ambiental nacionales y a los que se les ha dado una legalidad aparente”.

El Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) señala una brecha del 80.63 % en la implementación de la zonificación forestal. Mejorar estos procesos era esencial, pero debilitar su implementación o excluir a actores clave comprometerá su eficacia.

En lugar de debilitar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763), era crucial centrarse en mejorar su implementación. Asegurar la seguridad jurídica para los agricultores y fomentar el manejo sostenible de los recursos naturales debieron ser prioritarios. Herramientas como el contrato de Cesión en Uso en Sistemas Agroforestales (CUSAF) pudieron mejorarse y utilizarse para brindar soluciones legales a actividades económicas necesarias.

A pesar de todas las observaciones, el 10 de enero del 2024, el presidente del Congreso firmó autógrafas que modifican la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, sin seguir los procedimientos correspondientes. Esto generó una serie de efectos inmediatos, eliminando pedidos de reconsideración y enviando la norma para su publicación.

Las embajadas de Noruega, Inglaterra, Canadá y Alemania expresaron su preocupación, instando al Congreso peruano a reconsiderar normativas que comprometen la conservación de la selva tropical y las comunidades indígenas.

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) emitió un comunicado oponiéndose a las modificaciones, argumentando que vulneran la Constitución y amenazan el desarrollo sostenible de la Amazonía. Esta posición se suma a la denuncia constitucional presentada por la defensora ambiental Angela Pautrat Oyarzun contra el presidente del Congreso y el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva. En la misma linea, el Consejo Regional de San Martín autorizó la presentación de una demanda de inconstitucionalidad, destacando la falta de consulta a los pueblos indígenas.

Es destacable la iniciativa y posición adoptada por los representantes del Gobierno Regional de San Martín sobre la coyuntura actual; sin embargo, eso no exime la responsabilidad que tienen para tratar con más determinación nuestra problemática ambiental, ya que figuramos entre las regiones con mayor deforestación en el país. Hasta ahora no se conoce una estrategia regional al corto, mediano y largo plazo que contribuya a mitigar la deforestación. El desafío es grande.

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