Paolo López, vicepresidente de la organización civil Justicia para Todos, Paz y Libertad, aseguró que las actividades contra fiscales y jueces corruptos no se detuvieron, por ello se programa una movilización similar en junio próximo en la ciudad de Tarapoto, a la que serán convocados los familiares de atentados y personas disconformes con los fallos judiciales.
Destacó como exitosa a la última movilización realizada en Tarapoto, en la que participaron varias personas y familias relacionadas con casos especiales en las que se presume favoritismo judicial u otros favores a costa de corrupción a los agresores y delincuentes, muchos de los cuales andan libres en las calles.
Explicó que en Lima existe un registro de más de 200 casos inscritos, y otra cantidad mayor de personas que simplemente no quieren hacer nada más por la defensa o denuncia de su caso por falta de tiempo y conformismo, así como destacó que ya es tiempo que los que dirigen el Poder Judicial y el Ministerio Público escuchen el clamor de la población y comiencen a fiscalizar mejor a los jueces y fiscales, sin dejar de lado a la Policía Nacional.
Criticó a los organismos que fueron creados para defender a la sociedad civil, los cuales solo atinan a trabajar mayormente en casos administrativos e institucionales, ya que lo otro es una labor que debe exigir el respeto a los derechos constitucionales de las personas y la llamada campaña de los gobiernos nacionales de “lucha contra la corrupción”.
Aseguró que se admiró de conocer que solo en Tarapoto hay muchos casos de abuso de fiscales y jueces, los cuales dejan secuelas de resentimiento y odio en su contra de muchas personas disconformes con sus veredictos, muchos de los cuales tienen aparente favor a los que deberían sancionarlos con el peso de la Ley haciendo real justicia.
Finalmente aseguró que viene gestionando con el presidente de la organización en la capital del país a fin de programar otra actividad en Tarapoto y puedan llegar altos directivos y otros representantes de instituciones que respaldan a quienes tienen casos pendientes de sanción judicial o tienen sanción condenatoria contraria a lo que esperaban. (Toño R)