Esta semana las rondas campesinas de la provincia de Mariscal Cáceres – Juanjui, hicieron noticia; al enfrentarse a delincuentes comunes que momentos antes habían cometido un latrocinio, evento que nos mostró como resultado ronderos heridos en estas valerosas acciones contra la criminalidad, llegando uno de ellos a ser evacuado a la capital para su atención médica.
Y experiencias como estas son recurrentes en San Martin, y ha existido casos documentados donde ronderos han perdido la vida en acción.
La reacción colectiva,es ¡bien por los ronderos¡ son la fuerza viva en lugares donde la formalidad no llega, ¿pero qué hay de sus familias? ¿De sus deudos? ¿Quién asume, el costeo no solo de sus lesiones, sino la manutención de sus familias? ¿Quién costea su recuperación?
Si bien es cierto, estas instituciones tienen reconocimiento legal, es decir existencia jurídica, con el propósito de coadyuvar en seguridad y justicia comunal, como apoyo a las instituciones de la Policía Nacional, Ministerio Publico y Poder Judicial; asimismo,por ser campesinos algunos cuentan con seguro médico estatal; no existe un fondo de indemnización por lesiones o fallecimiento en acciones de seguridad o de justicia; y este hecho (el de Juanjui), muestra está latente realidad.
Es de precisar que la labor autogestionaria, movida por la buena voluntad vecindaria, tiene que ver con labores que son de competencia del Estado: seguridad y justicia; siendo ello así, esta sola actividad se justifica a que el estado regule estas situaciones extremas y evite el desamparo estatal en el cumplimiento de este deber ciudadano; y de esta manera, ciudadanos que sufran menoscabo en su salude integridad física, o s vida en acciones de combate contra la criminalidad puedan ser indemnizados y hasta reconocidos como acciones cívicas en favor dela patria.
Ojala que algún desprendido y muy ocupado padre de la patria de aquí de San Martin, se le ocurra siquiera postular un proyecto en este sentido.