Moyobamba. Ante los hechos ocurridos el martes 20 de septiembre en la localidad del Carmen ubicado al interior del Bosque de Protección Alto Mayo, en el distrito de Pardo Miguel Naranjos, provincia de Rioja, donde denunciaron la retención de 30 personas entre efectivos de la Policía Nacional, guardaparques y dos fiscales.
Feliciano Guevara Burga, dirigente ronderil y coordinador de los 26 pueblos ubicados en esta zona de reserva, ayer martes 27 de septiembre, llegó hasta la ciudad de Moyobamba, con la finalidad de aclarar las publicaciones hechas en referencia a lo ocurrido y responder a las versiones que han sido emitidas por algunas autoridades sobre la posible incursión de una delegación mayoritaria de efectivos de la Policía o el Ejército peruano aduciendo que en el lugar se desarrollaría el tráfico de madera y a la vez sembrando cultivos ilegales como hoja de coca e incluso opio.
En cuanto a la retención de las autoridades, el dirigente mencionó que se debió a la reacción que tuvo la población tras ser testigos del uso de su arma de fuego que realizó un efectivo policial que como consecuencia dejó a una persona herida, que en la actualidad se recupera en una clínica de la ciudad de Rioja, siendo cubierto los gastos por el propio efectivo policial que ha sido identificado.
En tanto, sobre los anuncios hechos por parte de las autoridades, entre ellos el gobernador regional de pretender realizar una nueva intervención con presencia de un mayor número de policías o las Fuerzas Armadas, manifestó que sería la peor decisión que estarían tomando ya que los pobladores que suman más de 8 mil, ubicados dentro del Bosque de Protección Alto Mayo, están dispuestos a defender a como dé lugar sus terrenos, al considerar que es única fuente de ingreso para sus familias.
Guevara Burga señaló que en vez de manejar estas alternativas que podrían terminar en un enfrentamiento, solicitó el apoyo a las autoridades locales para lograr sostener una reunión directa con la Ministra del Ambiente y pueda conocer de cerca la problemática que se inicia en el 2008, cuando el Estado registra este territorio como zona de reserva, sin haberse sumergido en el lugar a fin de corroborar la existencia de estos pueblos que en su mayoría fueron creados hace más de 30 años y que la mayoría cuenta con inversión del Estado al haberse construido escuelas y postas médicas, por lo que según su versión, la única solución al problema sería llevar a cabo una nueva delimitación del Bosque de Protección, donde las comunidades existentes sean excluidas de la reserva.
Asimismo, manifestó que detrás de estas acciones que pueden generar un grave problema social, existirían otros intereses, como la intención de concesionar este territorio a empresas privadas que solicita al gobierno central para la extracción de hidrocarburos, existiendo a la fecha 16 peticiones en ese sentido.
Finalmente, manifestó que los efectivos policiales o guardaparques que pudieron haber sido castigados, se dio dentro de las normas legales que faculta a las comunidades campesinas a sancionar de acuerdo a sus costumbres establecidas en el artículo 149 de la Constitución Política. (Franclin lavan)