EXHORTA URGENTE DEBATE AL CONGRESO
Un proyecto de reforma constitucional para duplicar el plazo de prescripción en los casos de delitos contra la administración pública y fijar por ley la imprescriptibilidad de estos cuando sean cometidos por funcionarios y servidores públicos, presentó el Poder Ejecutivo al Congreso.
Así, la iniciativa legal, con carácter de urgente, plantea la reforma del artículo 41 de la Constitución Política, tras haberse advertido que su regulación actual resulta incompatible con los diversos intentos de reforma normativos desarrollados en los últimos años para incorporar la imprescriptibilidad en el sistema normativo penal y, de ese modo, evitar la impunidad en los delitos de corrupción de los funcionarios.
Consideraciones
Este poder del Estado remarca el acertado desarrollo conceptual y normativo de aquellos proyectos propuestos por distintas fuerzas políticas, lo cual da cuenta de un compromiso decidido por luchar contra toda manifestación de corrupción.
De manera especial coincide con el espíritu de los proyectos de ley presentados en ese sentido durante esta legislatura. Sin embargo, considera necesario no eliminar la posibilidad de duplicar el plazo de prescripción.
Se trata, entonces, de evitar vacíos normativos que posibiliten que en casos de producirse delitos entre la reforma constitucional y la aprobación y publicación de las leyes de desarrollo, se aplique solo un plazo de prescripción simple, precisa su exposición de motivos.
La corrupción es un problema estructural que debe ser atacado con todos los recursos que la ley franquea, y al que no se le debe dar el mínimo margen que permita la impunidad, agrega.
El Foro Económico Mundial (WEF) estima que la corrupción encarece en 10% el costo de hacer negocios y en hasta 25% el costo de celebrar contratos en los países de desarrollo, señaló el experto Diego Macera.
El Poder Ejecutivo considera, además, que los ordenamientos jurídicos modernos incorporan la prescripción como forma de poner límite a la persecusión penal pública en función a razones de seguridad jurídica, toda vez que condiciona el ius puniendi del Estado y evita la distorsión de los elementos probatorios que el paso del tiempo produce.