El sector público del Gobierno Regional de San Martín se encuentra paralizado. Del paro legal, iniciado el 21 de noviembre pasado, han pasado a la etapa de la huelga indefinida y no tendría matices de solución, a no ser que la decisión política actúe en función a ciertas demandas que plantean los dirigentes de la huelga; y que serían justas.
Si bien el tema de huelga tiene su origen en la sustracción de una bonificación que les ha sido retirada, el asunto tiene una implicancia de caracteres éticos y de justicia si se tiene en cuenta que los sueldos de los empleados, así como las retribuciones previsionales, han sido severamente afectados y precarizados desde el primer gobierno de Fujimori. [El escritor Oswaldo Reynoso, ya fallecido, cuando presentaba sus libros en Tarapoto, solía decir que a sus ochenta años tenía que seguir trabajando porque Fujimori le había reducido su pensión].
El tema de los sueldos es un aspecto conceptual más que una decisión política; o, las decisiones políticas tienen su origen en el paradigma conceptual de cómo entendemos al Estado y del valor y rol de quiénes trabajan en él y la ausencia de una política salarial justa para los empleados públicos. En el Perú abundan por lo menos quince regímenes laborales públicos que llevan, asimismo, su propia estructura desigual de sueldos y bonificaciones. Incluso, en una misma institución estatal se da el caso de coexistir tres regímenes laborales, lo que no es más que un acto de injustica y agresión hacia aquellos trabajadores que perciben sueldos miserables.
Decía que la precariedad de los sueldos en el Estado obedece al esquema mental de cómo entendemos la función y el rol del Estado, que se ha visto afectado por la “filosofía” neoliberal que le asigna solamente un rol promotor y subsidiario y cuya tendencia es empequeñecerlo. Pero los promotores de su limitación casi siempre terminan cachueleando en el Estado. [Dos profesores de la Universidad de Harvard declararían que las grandes riquezas se hicieron a costa del Estado].
Sinesio López Jiménez escribe en el diario La República, que “…a nuestras élites políticas les ha interesado poco o nada construir un Estado con las capacidades necesarias para atender adecuadamente las demandas de una educación pública y de una salud pública de calidad. A muchas de ellas les ha interesado más bien mantener perversamente la mala calidad de la educación y la salud para justificar el negocio privado de esos bienes públicos” [13.10.2016]. Entonces, aquí está el fondo del problema y abona nuestra opinión, extendiéndola a todo el aparato del Estado, donde la apreciación de López Jiménez se suma a la percepción perversamente construida de que quienes trabajan en el Estado no tienen las capacidades para desempeñarse adecuadamente. Y esto no es así.
A lo anterior se suma al criterio de considerar al gremio laboral estatal como débil al haberse destruido intencionalmente sus organizaciones para debilitar su representación, algo que a nuestros neoliberales les encanta y emociona. Y por ahí también se sustentaría la precariedad de sus sueldos. Recordemos que desde hacen más de veinte años los sueldos de los trabajadores no se han nivelado, a no ser de algunos privilegiados.
Un sueldo promedio de un trabajador del sector agrario es de setecientos soles y solo llega a un monto honorable con bonificaciones transitorias por lo que su pensión también será ´de hambre´ cuando llegue su jubilación. Y si hablamos de competencias, mi experiencia en el sector agrario [la DRASAM, específicamente] me hace afirma que en ella existen trabajadores de gran capacidad y solvencia por lo que no tienen por qué seguir percibiendo sueldos de miseria. Teniendo buenas referencias del gobernador regional, en cuanto a su emoción social y criterio de justicia, auguro esperanzas en sus buenas intenciones para que el problema se solucione, porque, como dice el dicho: “arrieros somos…”.