Por: Ricardo Quevedo
Para los promotores del proceso de revocatoria en el distrito de Morales, que hicieron caso omiso al Ministerio Público y al Jurado Provincial Electoral, este 07 de julio es la fecha que tanto esperaron para pretender retirar del cargo al alcalde Edilberto Peso Carmelo por supuestos malos manejos, por corrupción y por varios viajes a la ciudad de Lima.
Lo cierto es que el 07 de julio, no sólo esperaron mal, sino que esperaron de una manera fraudulenta, pues a través de conductos fraudulentos, con firmas sometidas según los análisis grafológicos, resultaron ser falsas, sorprendiendo a todo un pueblo no sólo con el odio político a una autoridad edilicia, sino deshonrando la dignidad de la ciudanía moralina con métodos tan viles, lamentablemente los malos políticos quedaron con ese absurdo aprendizaje de la mafia fujimontesinista.
Con todo este resultado de firmas falsas se montó todo un andamiaje para sorprender a la autoridad electoral y lograr el objetivo que querían que se apruebe la consulta popular de revocatoria. Menos mal esta farsa convocatoria a una revocatoria se está conociendo antes de la indicada fecha del 07 de julio por la mirada juiciosa que puso precisamente el Ministerio Público. Ni siquiera esto es trabajo de investigación del periodismo, pues de lo contrario la conclusión tácita de esto sería que los medios de comunicación y algunos periodistas están parametrados a favor del alcalde Edilberto Pezo Carmelo.
La otra farsa que también se quiso sorprender al pueblo es el famoso falso estudio de suelo, en la obra asfaltada del jirón Primero de Mayo que sacaron una conclusión general a raíz de un punto particular de una cuadra que resultó siendo averiada, cuando la más averiada fue los informes que presentó el regidor Fonseca tan deficiente y pobres en los análisis del documento que no responde a un trabajo serio que verifique realmente el análisis de estudio de suelo, que para los entendidos en la materia, fue otro andamiaje con odio político.
El otro punto del odio político fue que no se le hizo caso a las recomendaciones del Jurado Electoral Provincial para que los promotores del SI retiren mensajes hablados, escritos y televisivos, cargados de resentimiento político, y que seguramente luego de este proceso ilegal de consulta popular, los promotores de toda esta impopular medida, tendrán que ponerse a derecho ante las autoridades de las instituciones electorales y del Ministerio Público.
Lo cierto es que esta ilegal consulta popular no le trae ningún beneficio a la comunidad moralina, siendo más bien una forma de interrupción a la ciudanía, quitándole el derecho de descanso por ser el único día de la semana luego de una agitada semana de trabajo.
¿Cuál es la actividad que desempeñan estos señores que encabezan esta ilegal consulta? ¿Quieren tener el control de los fondos económicos del municipio para ver si alguna tajada apetitosa les podría corresponder?
Cuando aun falta escasos meses para que finalice esta gestión edilicia, por qué no irse por lo más ideal y seguir acumulando más documentación que dicen tener y que hasta hoy no lo demostraron más que el desesperado afán de seguir soltando a diestra y siniestra un montón de acusaciones que quedan solamente ahí, en puras acusaciones, pero no certifican el grado de seriedad y verificación de la información que manejan, deduciendo que esto no es más que un manotazo de ahogados porque perdieron las elecciones y que no se resisten a aceptar el fracaso político que exhiben y que no tienen ninguna visión a favor del pueblo moralino más que aprovecharse de esta coyuntura de consulta que ellos lo generaron para complacer a sus propias ambiciones políticas.
Al final de la gestión de un alcalde, ni siquiera los leales ciudadanos de un pueblo deberían tener el afán de ponerle en el gatillo de la acusación por los presuntos malos manejos del dinero del municipio. De estos malos manejos de gestión y los supuestos rosarios de corrupción, el Poder Judicial tiene el trabajo para hacer estos seguimientos jurídicos y penalizar si acaso esa autoridad esté involucrado en oscuros manejos de los dineros del pueblo.
Este es el resultado que a toda autoridad edilicia, regional y nacional, lo espera. Los fueros judiciales son los encargados de hacer su trabajo si es culpable o no de lo que se le imputa a una autoridad, de lo contrario, como viene pasando en Morales, es únicamente el grito de unos cuantos ciudadanos que se resisten a no aceptar el fracaso político que lo exhiben abiertamente.