EN APLICACIÓN DEL DL N° 1341 QUE MODIFICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
El Gobierno Regional de San Martín implementó una cláusula anticorrupción los contratos con las empresas que brindan servicios al Estado. Esta incorporación en la suscripción de contratos fue comunicada a todas las gerencias regionales y unidades ejecutoras del organismo regional por su gerente general, Manuel Vásquez Contreras.
Señala en el documento que a partir de la fecha se debe adicionar la cláusula anticorrupción. Esta indica que “ningún contratista, sus accionistas, socios o empresas vinculadas ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, debe efectuar pagos, ofrecer ni intentar dar comisiones ilegales antes o durante el proceso de selección”.
Agrega que “igual prohibición se aplica en la etapa de ejecución y liquidación de contrato. Si en caso se tuviese pruebas de los supuestos antes descritos, se procederá conforme las normas contractuales, administrativas y penales aplicables al caso concreto, incluso se puede anular o resolver el contrato”. Esta cláusula figura en el artículo 32 del Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.
El Gobierno Nacional modificó esta ley con el fin de mejorar los procesos de contratación para la adquisición de bienes, servicios, ejecución de obras y contratación de consultorías. Asimismo, el propósito es modernizar, automatizar y dinamizar la administración pública, además de combatir la corrupción.
Esto fue establecido mediante el Decreto Legislativo N° 1341 publicado el sábado 7 de enero en el Diario Oficial El Peruano. Por otro lado, estas modificaciones se aplicarán en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir del sábado, por decreto supremo avalado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, tiene como finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitiendo el cumplimiento de los fines públicos con repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.