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viernes, diciembre 9, 2022

A cinco meses que ronderos secuestraron a autoridades siguen como no habidos

EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

Secuestro2

Continúa la tala en el Bosque de Protección Alto Mayo ante la inacción de las autoridades nacionales y regionales, pese a condenar el hecho y pedir declarar en emergencia la zona protegida.

Transcurridos cinco meses del secuestro a 16 policías, 12 guardaparques y 3 fiscales en el Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM) por parte de ronderos y pobladores en los caseríos El Carmen y El Afluente (San Martín), el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Sernamp, la Autoridad Regional Ambiental ARA del Gobierno Regional de San Martín, poco o nada han hecho para sancionar a los culpables.

A pesar de encontrarse plenamente identificados los autores del secuestro a la autoridad, situación que está tipificada como delito en el Código Penal, la Primera Fiscalía Provincial Penal de Nueva Cajamarca, a cargo de las investigaciones, no muestra señales de su labor y se teme que este caso sea archivado. “Al parecer en San Martín los ronderos son intocables”, manifestó un ciudadano del Alto Mayo, quien pidió mantenerse en el anonimato por el temor que inspiran estas rondas campesinas.

Incluso, los ronderos estarían protegiendo a los extractores de madera. Pobladores de Aguas Verdes han manifestado que después del secuestro a los fiscales y policías, la extracción de madera se ha duplicado. “Por las noches salen camiones cargados de madera hacia la costa”, informó Jesús Mundaca, agricultor de la zona.

Como se recuerda, el 21 de setiembre del 2016, un grupo de ronderos secuestró a 16 policías, 12 guardaparques y 3 fiscales que realizabanun patrullaje preventivo y charlas informativas con la población local para detener las actividades de tala ilegal que se registran al interior del bosque de protección.
En aquel entonces los medios de comunicación informaron lo sucedido. “Los guardaparques fueron trasladados descalzos por cuatro horas a modo de castigo. Tanto ellos como algunos policías recibieron azotes”, declaró en esa oportunidad Gustavo Montoya, jefe del Bosque de Protección Alto Mayo.
Se estima que son más de 250 familias asentadas en un bosque de protección. Sin embargo los ronderos se oponen a la reubicación. Montoya indicó que entre los que retuvieron a las autoridades se identificó a Marcos Díaz Delgado, presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú. Según información preliminar, varios de los implicados en el secuestro fueron denunciados y el Ministerio Público los ha sindicado como “no habidos”.

Además, el Ministerio del Ambiente, los ha responsabilizado de obstruir la entrega de materiales e insumos para los productores locales de café orgánico.

Con respecto a la exigencia de cierto grupo de habitantes de la zona que se encuentran al interior del bosque de pretender obtener un título de propiedad, Gustavo Montoya explicó que ello no es posible debido a que se trata de un área protegida.

Frente a esta situación, en octubre pasado se instaló la mesa técnica interinstitucional de Aguas Verdes, presidida por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, integrada por los Ministerios del Ambiente, Interior, Educación, Vivienda y Saneamiento, el Gobierno Regional de San Martín, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad Provincial de Rioja, y organizaciones civiles como los Frentes de Defensa de los Intereses de Rioja y Moyobamba. Además de expresar el rechazo unánime por estos lamentables actos de violencia y la necesidad de declarar el estado de emergencia dentro del Bosque de Protección Alto Mayo a fin de restablecer el estado de derecho y el principio de autoridad en la zona; medida que fue respaldada por el Consejo Regional del Gobierno Regional, organizaciones sociales del Alto Mayo y el Comité de Gestión del BPAM, nada concreto se ha logrado hasta la fecha.

El Bosque de Protección Alto Mayo abastece de agua que se utiliza para el consumo humano y el riego de los campos de cultivo para de las provincias de Rioja y Moyobamba, que abarca más 340 mil hectáreas.

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