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domingo, marzo 3, 2024

MINAM ya no verá lo concerniente al Ordenamiento Territorial en el país

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El nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) publicado oficialmente este 28 de abril por el Ministerio de Ambiente (Minam) ha causado preocupación y alerta entre expertos y ex autoridades ambientales. Para el ex ministro de Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, el Minam ha renunciado de manera ilegal a su facultad de ordenamiento territorial a nivel nacional, un mecanismo para planificar el uso sostenible y adecuado del territorio.

Mientras el antiguo ROF establecía que el Minam era el responsable del ordenamiento territorial a nivel nacional, el nuevo reglamento restringe al ministerio a un nuevo “ordenamiento territorial ambiental” y establece que será otra entidad la que realice ese proceso en el país. Para los expertos, esta división entre un ordenamiento territorial ambiental y otro nacional implica un retroceso en las competencias del Ministerio de Ambiente. Esta situación es especialmente sensible en un país en el que muchos de los conflictos socioambientales son provocados por la existencia de proyectos de inversión en zonas ambientalmente sensibles o en territorios de pueblos indígenas. Hasta marzo de 2017, la Defensoría del Pueblo identificó 204 conflictos sociales (140 activos y 64 latentes), de los cuales el 68.1 % (139 conflictos) es de carácter socioambiental. Del total de conflictos socioambientales activos (107), el 66.4 % está asociado a la actividad minera.

“No tiene sentido –sentencia el ex ministro Pulgar Vidal. El ordenamiento territorial fue un logro de la autoridad nacional ambiental en el 2001 que en ese entonces era el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). Ahí se especificaba que el ordenamiento territorial era y es a nivel nacional. No había discriminación de un ordenamiento territorial exclusivo por ministerio o actividad, es decir, un ordenamiento pesquero, agrario, minero, ambiental, sino es de carácter nacional. Con este nuevo decreto se ha retrocedido 16 años en lo avanzado en materia ambiental”.

Pulgar – Vidal, quién también es abogado especializado en legislación ambiental y fue ministro en ese sector entre los años 2011 al 2016, sostiene que la creación de una nueva Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental también es ilegal porque va en contra de la Ley General de Creación del propio Minam, que estableció como funciones de este ministerio la competencia de ordenamiento del territorio a nivel nacional.

Fernando Neyra, ex responsable de la Dirección de Ordenamiento Territorial del Minam –que ahora se convertirá en Dirección de Ordenamiento Territorial Ambiental- se pregunta qué sucederá con los procesos de ordenamiento nacional que ya habían sido iniciados por el Minam, que es además la entidad que desarrolló la metodología para llevar a cabo este proceso. “Ahora no sé qué es lo que pasará, los 12 gobiernos regionales que tienen ZEE pendiente se verán afectados. Su zonificación quedará paralizada y así las labores de inversión privada en actividades extractivas como las de conservación ambiental”, apuntó Neyra. En el Perú hasta el momento hay 13 gobiernos regionales que tienen finalizado y aprobado su Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), el primer paso establecido por el Minam en el proceso de Ordenamiento Territorial. Otros 12 gobiernos regionales lo tienen en marcha, de acuerdo a información proporcionada por Neyra.

¿Quién se hará cargo del nuevo ordenamiento territorial nacional?
Para el exviceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Gabriel Quijandría, la capacidad de ordenamiento territorial nacional se trasladaría al viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), liderada por Javier Martín Fernández-Concha. “Nada es casualidad. Mi hipótesis es que la capacidad de ordenamiento territorial nacional la tendrá el viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM. Esto ha sucedido por presión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la propia PCM que ven al ordenamiento territorial como un obstáculo para las inversiones privadas. No es casualidad que quien lidere Gobernanza Territorial tenga trayectoria minera”, enfatizó Quijandría.

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