Aunque usted no lo crea, el Jurado Nacional de Elecciones, lo retiró de manera definitiva del cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, a Nazario Luis Peña Panduro, elegido para el periodo 2015 – 2018.

Mediante Resolución publicada en su página web el 20 de julio de 2017, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por Marcial Tangoa Rengifo.

En ese sentido, anulan la credencial emitida con motivo de las Elecciones Municipales del año 2014, y en su reemplazo, convocan a Magno Saavedra Cachique, para que asuma el cargo de alcalde, quien ya lo venía haciendo de manera provisional.

Mediante la misma resolución, convoca a Esperanza Yumi Tangoa, para que asuma el cargo de regidora de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, tal como también venía haciendo de manera provisional, durante la suspensión temporal de Nazario Peña.

Esta decisión, es tomada luego de la audiencia pública el pasado 19 de junio, donde se ventiló el Recurso Extraordinario interpuesto por Marcial Tangoa Rengifo contra la Resolución N.° 00222-2017-JNE que restableció la vigencia de la credencial del alcalde Nazario Luis Peña Panduro.

Esa fecha más de 300 indígenas de la etnia shawi fueron trasladados a Lima, y realizaron una manifestación frente el Jurado, mientras se desarrollaba la audiencia.

Como se nota, la Resolución ya estaba suscrita esa misma fecha, y su publicación recién apareció un mes después.
Magno Saavedra Cachique ya se encuentra en Lima, reclamando su credencial, y la asunción de regreso al cargo es cuestión de horas.

PRECISIONES:
El JNE, señala como antecedente en su resolución, que la Sala Penal Liquidadora de Tarapoto, el 29 de diciembre de 2011, condenó a Nazario Luis Peña Panduro, alcalde de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, como partícipe de los delitos contra la Administración Pública, en las modalidades de peculado y malversación, y contra la fe pública, en su modalidad de falsedad genérica, en agravio de la Municipalidad Distrital de Balsapuerto, por lo que le impuso cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de tres años, sujeta a reglas de conducta, e inhabilitación por tres años.
(Roger Torres)