Por Alonso Ocampo
Es innegable que la situación que viene atravesando el alcalde de Lamas Fernando del Castillo es bastante complicada, de otro lado resulta lamentable comprobar que un sector importante de la población no tiene mayor interés en conocer la verdad de los hechos. El interés de la ciudadanía debería ser mayor por tratarse de una denuncia de corrupción que afecta al Estado peruano.
Si bien es cierto la Carta Magna señala que “toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”, ello no significa exigir la libertad de una persona bajo el fácil argumento que es un alcalde que hace obras y mucho menos aún proclamar a los cuatro vientos su inocencia sin tener elementos reales para sostenerla. Estos elementos más bien abonan a favor de una probable responsabilidad penal.
Las investigaciones a desarrollarse dentro del proceso determinarán si el burgomaestre tiene responsabilidad penal o no, mientras ello ocurra un buen síntoma por parte de sus genuinos simpatizantes sería darle respaldo moral, confiar en la imparcialidad del Poder Judicial y hacer vigilancia ciudadana para que el proceso se lleve a cabo con todas las garantías que franquea el Estado de Derecho, es decir respetando escrupulosamente el debido proceso.
Apoyar la búsqueda de la verdad y la justicia debería ser bandera de toda sociedad seria y responsable. En ese escenario quien mayor interés debería mostrar en que las investigaciones lleguen al fondo del asunto es precisamente el alcalde Fernando del Castillo, su conducta procesal demostrará finalmente si eso le interesa.
A raíz de este espinoso tema se ha vuelto a debatir los altos índices de corrupción existentes en la administración pública, del casi institucionalizado “diezmo” y de las leyes que no han sido capaces de cambiar esta penosa realidad. A esta conclusión también arriban los profesores de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República-Sede Central que dictan el curso de “Delitos contra la Administración Pública”. En cierta ocasión uno de ellos recordó un proceso de adquisición de servicios para arreglar un ascensor de su local central, y que en el ínterin se descubrió que el precio base era muy superior al que irrogaría un nuevo, moderno y con garantía de un par de años. Es decir la “pendejada” también está instalada en quienes están a cargo del Sistema Nacional de Control del Estado.
Si queremos avanzar como sociedad y arrinconar la corrupción debemos desterrar apasionamientos personales o inventar persecuciones políticas. De otro lado el sistema judicial no debe someterse a presiones de ninguna naturaleza, más aún cuando éstas provienen de grupos con marcados intereses personales o de sectores que lamentablemente no comprenden la magnitud de la denuncia que involucra a la autoridad edil
La gravedad de este problema en nuestro país se ve reflejada en cifras dolorosas, se indica que el costo de la corrupción llegaría al 58% del PBI per cápita. La Contraloría General de la República precisa que los primeros indicios del impacto de la corrupción en nuestro país apuntan un daño equivalente a entre 10% y 15% del presupuesto destinado a compras e inversiones.
En la información publicada en diario El Comercio se añade que las cifras se basan en las auditorías realizadas a diferentes entidades del Estado, que revelaron que las pérdidas por corrupción ascendieron a más de S/. 3.000 millones entre los 2 últimos años, a ello habría que sumarle la cadena de ineficiencia en las que cae el Estado.
Esas son algunos números que hay que observar, nuestro país tiene una alarmante estadística de desnutrición, pobreza extrema, carencia de servicios básicos, sin embargo millones de soles se quedan en los bolsillos de funcionarios corruptos. Hoy que lamentablemente tenemos un caso trascendente -que puede marcar un antes y un después- deberíamos mostrar el mayor interés para que el proceso penal logre determinar las responsabilidades que hubiere lugar.