Por: Roberto Cabrera Suarez
Ante una creciente expectativa y tensión entre ambas partes, comienza esta semana la cuenta regresiva antes de conocer el fallo de la Corte de la Haya, respecto al conflicto limítrofe marítimo con nuestro vecino país del sur, el cual se dará a conocer el próximo lunes 27 siendo éste un hito no solo para las relaciones diplomáticas entre ambos países, sino además un antecedente de vital importancia para la solución de los diferendos territoriales aún pendientes en América Latina.
Las Cancillerías de Lima y Santiago, entre noticias sensacionalistas y el afán desmedido de algunos políticos tanto en Chile como en Perú para aparecer en los medios de prensa, se han comprometido públicamente en acatar inmediatamente la sentencia que se emitirá y se vienen realizando las coordinaciones para la conformación de una comisión bilateral para aplicar y ejecutar dicha sentencia.
Sin embargo, el dilema permanece por los enredados intereses geopolíticos y económicos que se encuentran sobre la mesa.
POSICIÓN JURÍDICA
En la demanda que hemos presentado ante la corte internacional, nuestra posición ha sido argumentar que es necesario delimitar la frontera marítima con Chile, a partir del punto límite de sus costas, esto con la finalidad de tener acceso a la jurisdicción de nuestras “200 millas”, tal delimitación, hemos propuesto que se realice con una distancia equidistante, por la convergencia marítima con Chile. La posición jurídica de Chile alega, que existe un tratado de límites marítimos (acuerdos pesqueros de 1952 y 1954) que establece un punto terrestre, el cual es interior a las costas, y que su proyección horizontal, hasta las 200 millas de su costa vertical, es fundada en derecho internacional, y de la aceptación del Perú por 60 años. En palabras sencillas el litigio se resume en qué país debe ejercer soberanía sobre nada más y nada menos que 35.000 kilómetros cuadrados en el Océano Pacífico. (Dicho sea de paso, extensión territorial sobre la cual Chile se ha preocupado en controlar por más de 60 años, sin reclamos – al menos importantes – por nuestro país).
El derecho internacional como toda normatividad jurídica, y que resulta aplicable en el tribunal de la Haya, tiene principios jurídicos para valorar tratados, el más importante de esos principios es la buena fe entre las partes. (De la misma forma que en cualquier contrato). Este requisito es vital, para resolver un reclamo de derechos, en un tratado internacional. De este modo, la revisión de un tratado de límites, tiene una formalidad, que se validan en el derecho internacional y la jurisprudencia (prácticas seguidas en procesos iguales o parecidos). Por esta razón, lo que en primer lugar el tribunal de la Haya debe resolver es si los acuerdos pesqueros del 52 y el 54 son tratados o no de acuerdo al principio de buena fe, en el caso que se decida que sí lo son, pues el diferendo marítimo quedará resuelto y la posición peruana de que se tracen límites marítimos se declarará infundada; caso contrario, en el caso de que la Corte resuelva que dichos acuerdos no son tratados, pues, evidentemente, ante la falta de un acuerdo previo, se deberá trazar los límites marítimos conforme lo regula el derecho internacional.
¿SE DEBE CUMPLIR CON EL FALLO?
Cuando dos naciones acuden a la jurisdicción de la Corte de La Haya para resolver un conflicto, se comprometen a cumplir la sentencia, que es inapelable (no hay recurso legal que puede impugnarla) y si algún Estado no tiene voluntad acatarla, entonces el otro Estado tiene la facultad de acudir al Consejo de Seguridad de la ONU, que puede dictar recomendaciones o medidas coercitivas como por ejemplo un bloqueo económico o ruptura de relaciones diplomáticas. Todo ello se encuentra contemplado en la Carta de la ONU. El país que no cumple con lo anteriormente mencionado se deberá considerar como un Estado “paria”, en otras palabras un delincuente internacional.
Sin embargo, vale decir que algunos países no han acatado los fallos de la Corte. Estados Unidos perdió ante Nicaragua en el caso “Actividades militares y paramilitares en y contra el Gobierno de Nicaragua “ en el que el gobierno nicaragüense acudió ante la corte a denunciar que los Estados unidos de Norteamérica habían apoyado a la oposición armada (los contras) en su guerra en contra dicho gobierno y por minar los puertos del país, el caso, ante la negativa del gobierno norteamericano en acatar el fallo, fue al Consejo de Seguridad y él mismo vetó las sanciones, pero poco después arregló con la nación centroamericana. Asimismo, Marruecos invadió el Sáhara Occidental contraviniendo un dictamen de La Haya y hasta ahora la ONU no hace nada.
En nuestra región, Colombia no cumple el fallo con Nicaragua, (el cual resta más del 43% de su territorio marítimo en el mar del caribe) con respecto a su diferendo marítimo respecto a la soberanía sobre el territorio Insular del archipiélago de San Andrés y Santa Catalina, llegando incluso a renunciar el Pacto de Bogotá, instrumento por cual Colombia reconocía la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Después del retiro del Pacto de Bogotá, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos afirmó que “Los límites no deben quedar en manos de una Corte”, diciendo también que “dicho principio es compartido por otros países que han tomado la misma posición que hoy toma Colombia”, situación del todo alarmante para la región y sobre todo para los intereses peruanos.
INTERESES ECONÓMICOS
Desde el 2011, nuestro vecino país del sur ha detenido 63 embarcaciones pesqueras peruanas, por haber entrado en aguas que Chile considera “suyas”, inclusive el año pasado las multas impuestas por la Capitanía de puertos de Arica a los propietarios, para solo recuperar las embarcaciones, han sido duplicadas hasta S/. 60,000 Nuevos Soles.
A la fecha, 20 pescadores peruanos no pueden salir de Chile porque han sido tomados como garantías del pago de las multas antes mencionadas, trabajando de cargadores, vendiendo hielo, viviendo en una situación paupérrima sin contar además con una adecuada asesoría legal y mucho menos con el apoyo del consulado peruano.
Mientras por nuestra parte, solo tenemos a pescadores artesanales perjudicados y que en cierta forma se “arriesgan” a pescar en zona de conflicto que patrulla constantemente el gobierno chileno, por la otra parte es el grupo “Angelini”, que controla la pesca en el norte del país sureño, inclusive según medios de prensa chilenos, éste grupo habría participado en la estructura del último alegato que presentó Chile ante la Haya, no es de extrañarse ya que la
zona en disputa representa el 80% de la captura pesquera en Arica y el 30% del negocio del grupo antes mencionado.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
Ante todo lo comentado en los párrafos precedentes, cabe preguntarse ¿Es viable una fórmula de desarrollo firmemente unida, si nos negáramos a aceptar un eventual veredicto adverso?
Nuestro país en la última década ha estado en la mira de los distintos actores económicos de la región, Europa y Asia, incluso debemos recordar que hemos participado activamente como garante de acuerdos limítrofes en la región, todo ello genera grandes expectativas, respecto a nuestra postura, en caso de sufrir un fallo en contra ante un Tribunal Internacional.
Y si parte de la clase política tradicional aprovecha el momento que se avecina para proyectar un “sentimiento patriótico” que potencie su posicionamiento en las encuestas, es necesario recordarle a la población de ambos países, que no solo la geografía, sino también las obligaciones, la inversión y el comercio con nuestro entorno, seguirán manteniéndonos unidos.
Por esta simple razón, “ganar” o “perder” en la Haya, no debe ser una condición determinante en la construcción de lazos indisolubles, vitales y necesarios para la coexistencia pacífica entre ambos estados.