En San Martín tenemos que encender los reflectores

En Perú, no existe un solo departamento donde no se tenga presencia de economías ilegales. Desde la minería ilegal hasta el narcotráfico, estas actividades ilícitas generan más de 7.500 millones de dólares anuales y emplean a más de 1.4 millones de peruanos, afectando profundamente la economía y la estabilidad social del país.

Christian Campos Vásquez, investigador asociado al Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, advierte que estas economías se han consolidado en todas las regiones, con mayor intensidad en la Amazonía —como Loreto, Ucayali y Madre de Dios— y en zonas de frontera como Piura y Puno. La porosidad de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas facilita el ingreso y salida de productos ilícitos, alimentando una red que deja una escena de dinero y de intereses oscuros en cada rincón del territorio nacional.

La minería ilegal, en particular, ha superado en ingresos al narcotráfico, alcanzando en 2023 los 4.600 millones de dólares por la venta de oro ilícito, frente a los 2.200 millones generados por la cocaína. Este flujo de dinero ilícito no solo financia actividades criminales, sino que también tiene un impacto directo en la política, ya que se han identificado mecanismos para financiar campañas electorales mediante testaferros, empresas fachada, ONG falsas, criptomonedas y fraccionamiento de aportes.

El investigador alerta que estas economías ilegales pueden influir en la democracia, desde la creación de candidatos y partidos políticos, hasta la compra de espacios en listas y la negociación con candidatos ganadores para favorecer sus intereses. La cooptación del poder político con dinero ilícito compromete la legitimidad del sistema electoral y fortalece la relación entre economía sumergida y crimen organizado.

En este contexto, en San Martín, la autoridad nacional, regional, provincial y distrital, junto con las organizaciones civiles, tienen la obligación de proteger sus territorios. Los primeros aliados de la Policía, la Justicia y las Rondas Campesinas son los pobladores y la sociedad organizada, quienes deben actuar como guardianes de sus comunidades frente a esta amenaza que no solo afecta la economía, sino también la seguridad y la democracia.

El fenómeno no es nuevo, pero se ha expandido con rapidez y representa una amenaza creciente para el Estado peruano. Por ello, se hace un llamado urgente a la población y a las instituciones gubernamentales a actuar con firmeza contra las actividades ilegales, especialmente en el marco de las próximas elecciones de 2026.

No podemos permitir que la política esté desligada de la economía informal y del crimen organizado. La lucha contra estas economías ilícitas es fundamental para preservar la democracia y el bienestar de todos los peruanos.