La abogada Cristina del Águila informó que desde el 2021 los vecinos custodian los alrededores de la laguna Ricuricocha, con el fin de impedir el avance de lotizaciones y preservar la flora y fauna del lugar.
«Defensa del Territorio y la Naturaleza: La Urgencia de Respetar la Ley y Proteger Nuestro Medio Ambiente, tenemos que hacer valer el ordenamiento de nuestro territorio”
La abogada Cristina del Águila informó que desde el 2021, los vecinos vienen custodiando los alrededores de la laguna Ricuricocha con el fin de impedir el avance de lotizaciones y preservar la flora y fauna del lugar. Es fundamental hacer valer el ordenamiento de nuestro territorio y sus potencialidades, porque estamos ante una oportunidad que puede convertirse en un gran portón, no solo para esta empresa, sino para toda la comunidad, dijo la abogada en declaraciones a Actualidades del Medio Día de Radio Tropical.
Es como abrirle una ventana que puede convertirse en un gran portón, y esa ventana parece haber sido dejada abierta por nuestras autoridades políticas en la última sesión de concejo.
Ayer, tomamos conocimiento de que se aprobó el plan específico de Planalagos en una sesión de concejo, pero esta aprobación transgrede toda la normativa vinculada a los cambios de zonificación.
San Martín, como provincia, tiene su Plan de Desarrollo Urbano aprobado hace menos de dos años, y la normativa establece claramente que cualquier pedido de cambio de zonificación, ya sea por reajuste de suelo, debe considerarse como un pedido de gracia. Estos pedidos se deben revisar en el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Urbano, que no podrá realizarse antes de septiembre de 2025, cuando se cumplan los dos años desde la aprobación del plan actual.
Por lo tanto, todo pedido de cambio de zonificación debe esperar ese proceso, y solo en ese momento se revisarán si son compatibles o no con el espacio, según los criterios técnicos.
Lamentablemente, esto se ha saltado, además de ignorar el proceso de participación ciudadana. El 22 de julio hubo una reunión que intentaron presentar como audiencia pública, en la que los vecinos expresaron sus observaciones, incluyendo un documento con observaciones técnicas, legales y ambientales. Sin embargo, esas observaciones no se han levantado ni respondido en el plazo establecido.
Tanto la Subgerencia de Catastro como los vecinos presentaron información, pero nada de eso ha sido saneado o considerado. Además, la empresa solicitó un certificado ambiental a la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, pero recibió 40 observaciones serias por parte de ANA, SERFOR, Vivienda y otros organismos.
Estas observaciones no fueron levantadas, y la empresa solicitó el desistimiento del trámite, lo cual Vivienda aceptó, dejando en evidencia que no se cumplió con los requisitos ambientales necesarios para este proyecto.
Es importante destacar que, en el caso de espacios como el humedal Ricuricocha, existen competencias que deben respetarse por ley. El Ministerio del Ambiente, por ejemplo, debe ser consultado para cambios de zonificación en humedales, y el gobierno local tiene la obligación de solicitar su opinión técnica. Sin embargo, esto no se ha hecho, lo cual es un grave error.
Además, el predio en cuestión es un espacio estatal inscrito a favor del Estado y administrado por el Gobierno Regional de San Martín, considerado un ecosistema frágil que ya ha tenido problemas de delimitación en el pasado.
Todo esto evidencia que se ha dado un cambio de zonificación sin respetar la normativa vigente, y que la Municipalidad no debió haber aprobado ese cambio después del plazo de dos años para la actualización del Plan de Desarrollo Urbano.
En la sesión de concejo, la conducta de los regidores y la alcaldesa dejó mucho que desear, pues votaron prácticamente para abrirle la puerta a cualquier proyecto, sin considerar las implicancias ambientales y legales. La falta de documentación, informes y audiencias públicas claras, además de la ausencia de las observaciones de los vecinos, demuestra que el proceso ha sido irregular y opaco.
El Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos están revisando la situación, y han manifestado su postura en contra de urbanizaciones en zonas vulnerables, como ya lo hicieron en otros casos, como en Lurín.
Es fundamental que se respete el principio de legalidad y el marco normativo vigente, porque proteger la naturaleza y el medio ambiente debe ser un compromiso de todos los niveles de gobierno y de la sociedad civil en San Martín. Quien no entienda esto o intente ignorarlo, debe pensar muy bien antes de postular a un cargo político.
VOCES tomó contacto con el Gerente General de la Municipalidad Provincial de San Martín, abogado William Ríos Trigozo, quien dijo:
«Se necesita análisis legal y ético en la evaluación de Proyectos Urbanísticos: La Importancia de la Legalidad y la Transparencia». Con su habitual naturalidad, Ríos Trigozo dice:
“Al caballo no le subes de golpe, primero le acaricias para montarlo”
En una reciente sesión de análisis y evaluación de proyectos urbanísticos, el abogado William Ríos Trigozo expresó sus ideas con claridad y firmeza, destacando la importancia de actuar con ecuanimidad y apego a la legalidad en todos los procesos administrativos y de planificación urbana.
«Lo que se ha establecido en la sesión de ayer es que se admite a trámite un proyecto, pero esto no implica que la decisión sea definitiva o positiva respecto a la visión urbana del mismo», afirmó Ríos Trigozo. «El trámite continúa y aún debe pasar por otros procesos de evaluación para determinar si cumple o no con las condiciones establecidas por la ley.»
El abogado también resaltó que, a pesar de las 40 observaciones presentadas, el área correspondiente justificó que dichas observaciones habían sido levantadas, pero aclaró que esto no garantiza la habilitación definitiva del proyecto.
«La habilitación todavía está en proceso y puede o no proceder, dependiendo del cumplimiento de los requisitos legales,» puntualizó.
Un aspecto importante que destacó fue la posible alteración indebida de la zonificación, en relación con el plan específico de la zona.
«Se está convocando a una reunión interna para tratar este tema, pero es fundamental recordar que no se ha concretado ninguna habilitación aún,» advirtió Ríos Trigozo. «El proceso debe seguir los parámetros que marca la ley, y no podemos ir en contra de ellos.»
El abogado de la municipalidad reflexionó sobre la importancia de mantener una postura objetiva y respetuosa de los procedimientos legales, subrayando que el tema requiere un análisis profundo y responsable, sin dejarse llevar por propaganda o impresiones superficiales.
«No se trata de engañar a nadie, sino de actuar con transparencia y respeto a las normativas vigentes,» concluyó.
«El proceso debe ser transparente, y las decisiones deben basarse en hechos y en el cumplimiento de la ley, no en rumores o percepciones equivocadas.»
En conclusión, la sesión del Concejo Municipal dejó en claro que el proceso de evaluación de proyectos urbanísticos es complejo y requiere de un análisis cuidadoso, respetando siempre los parámetros legales y la visión de desarrollo sostenible.
La comunidad y las autoridades deben seguir atentos a cada paso, garantizando que las decisiones sean justas, transparentes y en beneficio del bienestar colectivo, apuntó el abogado y gerente general de la Municipalidad.
