“La reinserción social en San Martín es una ilusión mientras no haya presupuesto, personal capacitado ni voluntad política”

La decana del Colegio de Abogados de San Martín, Auristela Gonzales Yllatopa, advierte que la crisis de la justicia en el país no solo se refleja en las disputas internas del Ministerio Público, sino también en las graves deficiencias del sistema penitenciario y judicial en la región.

En entrevista con VOCES la representante de la orden profesional denuncia falencias estructurales en el INPE, Poder Judicial, Ministerio Público y la Policía Nacional, que ponen en riesgo la seguridad ciudadana y hacen inviable los procesos y la rehabilitación de internos en las cárceles de San Martín.

Reuniones con autoridades nacionales

La decana recordó que en febrero participó en Lima de una reunión de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, integrada por 34 colegios y liderada por el doctor Vicente Paul Espinoza Santillán. En aquel encuentro, se reunieron con el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana (hoy premier), a quien le expuso su preocupación sobre la crítica situación de los penales en Moyobamba, Tarapoto y Juanjui y otras ciudades de la región.

Crisis penitenciaria en Moyobamba, Tarapoto y Juanjui

“Como abogada procesalista, que trabaja a diario con internos y con el INPE, he podido constatar que no existen condiciones mínimas para la reinserción. Por ejemplo, en el penal de Moyobamba hay cerca de mil internos, pero solo una psicóloga que atiende a cinco presos por día. Eso significa que un recluso recién puede volver a ser atendido cada nueve meses. ¿De qué reinserción hablamos entonces?”, señaló.

Agregó que en Moyobamba incluso se observa un trato déspota por parte de algunos abogados del INPE hacia la defensa legal, lo que genera más conflictos y vulneración de derechos. “El personal que trabaja con internos debe ser sensible y capacitado, no estar perjurando ni insultando a los abogados”, enfatizó.

Además, denunció que dentro de las cárceles de Moyobamba, Tarapoto y Juanjuí ya se registran casos de extorsión entre internos, quienes llaman a sus familiares para pedir dinero bajo amenazas, mientras las autoridades penitenciarias se limitan a exigir trámites escritos sin atender la urgencia de los hechos.

Falta de recursos y reactivos

La decana también cuestionó que mientras el Ministerio Público destina 48 mil soles anuales al alquiler de locales en Tarapoto, no haya presupuesto para insumos básicos como reactivos de alcoholemia y drogas.

“He visto casos donde el reactivo no funcionaba, y la investigación se frustró porque no se pudo comprobar la prueba de alcohol o droga. Eso lleva a la libertad del imputado y destruye el trabajo fiscal”, indicó.

Enfatizó que este déficit no solo genera impunidad, sino que fomenta la desconfianza ciudadana hacia la justicia. “No tenemos antropólogos ni equipos suficientes en medicina legal, los peritos deben venir de Lima, lo cual retrasa todo”, sostuvo.

Sobrepoblación y falta de trato humano

Según la decana, las cárceles más críticas en cuanto a sobrepoblación penitenciaria en San Martín son las de Moyobamba, Tarapoto y Juanjuí.

Pidió que el INPE capacite y filtre mejor al personal administrativo y de seguridad, porque se trata de una labor que requiere humanidad. “Son personas las que están privadas de libertad. Si no hay trato humano ni apoyo para su rehabilitación, no se logrará nada, en Iquitos, y el trato en INPE es impecable”. dijo.

Iniciativas desde el Colegio de Abogados

La doctora Gonzales anunció que el Colegio de Abogados de San Martín está preparando un plan de voluntariado para que los profesionales puedan colaborar de manera gratuita con internos en trámites básicos como certificados de trabajo, constancias domiciliarias o escritos procesales.

“Hay muy pocos defensores públicos y no se abastecen. Los abogados tenemos que ser solidarios y compartir nuestros conocimientos, porque al final quien sufre más es el interno”, declaró.

Llamado a las autoridades

Finalmente, la decana hizo un llamado directo al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández, para que supervise los presupuestos y evite gastos innecesarios.

“Si no se asigna más presupuesto a los centros penitenciarios para psicólogos, asistentes sociales y personal multidisciplinario, la reinserción seguirá siendo un discurso vacío. Y mientras tanto, la delincuencia y la inseguridad continuarán creciendo”, advirtió.

Dato: VOCES presentará oficialmente ante el Colegio de Abogados de San Martín la documentación sobre el concurso del Diario Judicial y dará seguimiento a este proceso, en espera de una pronta respuesta legal que aclare los actuados.