Proponen garantizar el aumento progresivo en la obligación de la mezcla del biodiesel para asegurar el incremento del mercado para palmicultores.
“Perú alcanzó récord histórico de 88.200 hectáreas de coca en el último año, se duplica en menos de cinco años, en 2016 el país llegaba a 44.000 hectáreas de plantaciones ilícitas.”
La pandemia de la COVID 19 ha traído consecuencias negativas para todo el país: cerca de 200 mil muertos, crisis económica, aumento de las actividades delictivas y otros.
El retorno de los agricultores al cultivo de coca en el país no se ha hecho esperar. El pasado viernes 25 de junio la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca emitió su informe anual sobre el cultivo de coca: el reporte determinó incremento a niveles máximos: 88.200 hectáreas en Perú.
“Colombia y Perú baten récords en cultivos de uso ilícitos y producción potencial para cocaína. Perú alcanza récord histórico de 88.200 hectáreas de coca en el último año, pues se ha duplicado menos de cinco años, en 2016 el país llegaba a 44.000 hectáreas de plantaciones ilícitas.”
“La pandemia también presentó obstáculos importantes a los esfuerzos del Gobierno peruano para proporcionar medios de vida alternativos a la siembra de la hoja de coca, como construir infraestructura de transporte hacia los valles y zonas de producción aislados, y brindar seguridad a los peruanos que habitan en las zonas rurales”, figuran entre las conclusiones del documento.
Ante este panorama el ejecutivo y legislativo han puesto manos a la obra y coordinando acciones referidas a la sostenibilidad de los medios de vida alternativos a los cultivadores de hoja de coca y han decidido iniciar la actualización de la norma que garantice un aumento progresivo en la obligación de la mezcla del biodiesel y asegurar el incremento del mercado para nuestros palmicultores.
En ese sentido la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República presidida por la Congresista Yessica Apaza Quispe desarrollará este martes 6 de julio una sesión descentralizada en la ciudad de Tarapoto que contará con la presencia del Viceministro de Gobernanza Territorial, Edgardo Cruzado Silveri (PCM), el Viceministro de Hidrocarburos, Victor Murillo Huamán (MINEM), el Director General de Hidrocarburos, Erick García Portugal (MINEM), Augusto Nicolás Aponte Martínez, Director General de Desarrollo Agrícola y Agroecología (MIDAGRI), Ximena Guardia, Lorenzo Eguren, Manuel García Rosell de la Dirección General de Cambio Climático (MINAM), Milagros Sandoval Díaz es Directora de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (MINAM), Marleny Salazar Ocampo, Jefa de la Oficina Zonal de DEVIDA así como los representantes de los gobiernos regionales y locales de las regiones amazónicas afectadas por esta grave problemática.
El Congresista Manuel Aguilar, quien es el vicepresidente de la Comisión señaló “hace ya bastante tiempo que el Estado se comprometió con los palmicultores, con nuestra gente del campo, para que dejaran sus cultivos de coca y apoyando en la lucha contra las drogas cultivaran palma… ahora no los podemos desamparar. El Bajo Huallaga necesita vías de acceso, centros de salud, escuelas, mejores servicios básicos y garantizar la cadena productiva de sus sembríos como el de la palma. Desde hace años se mantiene el mismo precio en el mercado de aceite de palma” dijo el congresista.
Al ser consultado sobre los resultados que espera alcanzar con la realización de esta sesión descentralizada en Tarapoto Aguilar puntualizó “necesitamos que el ejecutivo de una muestra que va a cumplir sus compromisos, tomar decisiones para aumentar la obligación de mezcla del biodiesel, necesitamos articular acciones entre el gobierno nacional, regional y los alcaldes distritales, generar espacios a nuestros dirigentes palmicultores, fortalecer sus capacidades, dotando de mejores condiciones de vida a nuestra gente del campo, tenemos que evitar que la violencia retorne, somos conscientes que ello nos traerá solo atraso, San Martín es una tierra de paz y emprendimiento” señaló.
Esta sesión es el inicio de las negociaciones, es la puesta en marcha del cumplimiento de la palabra empeñada por el estado con impacto social en materia de seguridad, economía y medio ambiente.