Más de 8 mil casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar fueron archivados en los últimos cuatro años a través de acuerdos con los denunciados, a pesar de que los mecanismos de conciliación se encuentran prohibidos en la normativa sobre violencia de género desde 2015.
En los últimos dos años, 188 fiscalías penales y mixtas archivaron 648 denuncias con este mecanismo, a pesar de que la Corte Suprema prohibió el uso del principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios a través de un acuerdo plenario del 2019.
Cynthia Silva, abogada y ex directora de asistencia técnica y promoción de servicios contra la violencia de género del Ministerio de la Mujer, explica que las denuncias tramitadas bajo esta figura quedan en total impunidad. “[Al aplicar este principio,] la fiscalía renuncia a la persecución del delito porque entiende que no hay un impacto o consecuencia muy grave, porque no es de interés público. Por eso deja el caso en el aire y deja libre al agresor”, comenta.
La Ley 30364, que en noviembre del 2015 estableció los parámetros para sancionar la violencia de género, señala de manera expresa: “En el trámite de los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar está prohibida la confrontación y la conciliación entre la víctima y el agresor”.
A pesar de que esta disposición, un análisis realizado por el portal OjoPúblico, con datos del Ministerio Público obtenidos mediante pedidos de acceso a la información, permite establecer que, tan solo entre el 2018 y el 2021, 368 fiscalías provinciales a nivel nacional continuaron usando esta figura legal para resolver 8 249 denuncias de delitos relacionados con violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
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