El costo de los procedimientos no será incluido en los recibos, indica en la ley
Fue promulgada la ley aprobada por el Congreso para el retiro del cableado aéreo eléctrico y de telecomunicaciones que se encuentra en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país.
Con tal fin, se da un plazo no mayor de 24 meses a las empresas concesionarias de dichos servicios, así como a los proveedores de infraestructura para telecomunicaciones, para efectuar el retiro correspondiente.
El incumplimiento del retiro dispuesto será considerado “infracción muy grave” y será sancionada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental con multa de entre 5 y 20 unidades impositivas tributarias.
Objetivo y ámbito de la ley: Las municipalidades podrán supervisar el proceso.
El objetivo de la Ley 31595, publicada esta semana en el Diario Oficial El Peruano, es promover la descontaminación ambiental que dichos objetos generan, garantizando la seguridad y el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y equilibrado.
La aplicación de esta norma se extiende a las zonas urbanas del país, definidas como tales en la ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público (Ley 30477).
¿Por qué hay tantos cables en los postes y nadie hace nada?
Cables eléctricos y de telecomunicaciones enredados y abandonados alertan de trágicas consecuencias para la vida de los habitantes en el país. De haber una falla en estas infraestructuras, podría dañar a las personas advierte especialista del Colegio de Ingenieros del Perú. El ingeniero electricista Luis Arellán Yanac, del (CIP), advirtió: “Lo grave es que cuando hay una falla en las redes eléctricas – y si el sistema de telefonía está muy cerca, pegado o enmarañado – puede transmitir corriente que puede descargar en las personas que están usando el teléfono. Y el otro problema es la contaminación visual”.
Por su parte, el ingeniero electricista Juan Cayetano, especialista en soluciones industriales y media tensión, incidió en que esta problemática se debe a la falta de planificación y fiscalización para el cumplimiento del “Código nacional de electricidad” y las normativas correspondientes ante el “crecimiento de las familias, viviendas y construcciones” de forma vertical en la ciudad.
Cayetano también cuestionó “cómo se ha venido realizando el mantenimiento de estas redes de distribución”, ya que “las concesionarias son quienes deberían darle prioridad; y las municipalidades, en conjunto con Osinergmin, son los entes que deben fiscalizar que todo se cumpla”, añadió.
“Para ellos es más económico hacer redes aéreas que las subterráneas. Y eso lo permite la Ley de Concesiones Eléctricas: las empresas eléctricas están obligadas a instalar sistemas económicamente adaptados. Instalar una red subterránea es casi dos o tres veces más caro que (colocar) una aérea”, señaló el especialista.
Por su parte el Ingeniero Moisés Valencia, especialista en sistema y seguridad electrónica y vocero de Tgestiona, empresa de facility management, se inclinó por una planificación oportuna para la fiscalización antes que la sanción a las concesionarias debido a las “limitaciones de las municipalidades” en comparación con “la capacidad de los organismos reguladores, como Osinergmin y Osiptel”.
“Estamos hablando de un trabajo de alto riesgo para las desinstalaciones y retiro. También se puede recurrir a organismos que están al frente del medioambiente que pueden ayudar a esta fiscalización”, finalizó.
OSIPTEL planteó recomendaciones a municipalidades del país para ordenar el cableado aéreo de telecomunicaciones
Según nota informativa del 13 de febrero de 2020 el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL recomendó a las municipalidades del país gestionar el ordenamiento del cableado aéreo de los servicios públicos de telecomunicaciones que afectan el ornato de las ciudades y generan eventuales riesgos a la seguridad.
Si bien el OSIPTEL no tiene la facultad para supervisar ni sancionar a las empresas operadoras por la deficiente instalación de cables aéreos de telecomunicaciones, en el año 2018, por iniciativa propia, el ente regulador designó un comité de trabajo con el fin de identificar los obstáculos y posibles soluciones al problema en cuestión. Este comité detectó que las normas existentes –Reglamento Nacional de Edificaciones, Código Nacional de Electricidad, Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos, entre otros– requieren ser actualizadas y complementadas, a fin de establecer criterios adecuados para solucionar la problemática de crecimiento desordenado del cableado.
La nota señala que OSIPTEL compartió con los municipios del país un documento que contiene los lineamientos generales que ayudarán a abordar el problema y frenar la instalación desordenada de los cables aéreos de telecomunicaciones (el documento puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://repositorio.osiptel.gob.pe/handle/20.500.12630/392), y se puso a disposición de los gobiernos locales para cualquier consulta o coordinación, en el marco de la colaboración que rige entre las entidades del Estado.
La nota señala que OSIPTEL desde el 2018, participa en mesas de trabajo para el ordenamiento del cableado aéreo en los distritos de Cajamarca, Cusco, Piura, Tumbes y Lambayeque, Apurímac y Moquegua, coordinaciones hechas con las empresas operadoras y la municipalidad respectiva, luego de la intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito que identificó puntos de riesgos para la seguridad de las personas. Finalmente señala que OSIPTEL ha brindado recomendaciones para la elaboración de sus Ordenanzas Municipales que regulen el retiro del cableado aéreo.