“Si las autoridades municipales, ya sea alcaldes, regidores o funcionarios, cumplieran su labor, de acuerdo a ley, estaríamos viviendo otro tiempo.
El enfrentamiento social disminuiría significativamente en el país. Así informa el reporte de Conflictos de la Defensoría del Pueblo. “Esta es una de las conclusiones que podrían sacarse del informe”.
Dicho reporte da cuenta de la existencia de conflictos sociales que en un 73 por ciento de estos tiene como actores a las municipalidades, especialmente a las distritales, y el 43 por ciento se inicia por un cuestionamiento directo a sus autoridades. El 70 por ciento de los conflictos han ocurrido en áreas rurales y el 82 por ciento en jurisdicciones donde la mayoría de la población vive bajo la línea de pobreza.
¿Es esta una inferencia válida? A primera vista pareciera que sí. En realidad, es una apreciación que forma parte del sentido común imperante y que responde en gran medida a los altos niveles de desconfianza social existentes, al escepticismo rampante en todos los niveles de gobierno y lo palpamos día a día en San Martín.
Frente a la falta de legitimidad de las instituciones del Estado y de nuestros gobernantes. En la base se encuentra el malestar que nos ocasiona observar cotidianamente los usos y abusos del poder de nuestros representantes.
Pero ¿por qué surgen tantos conflictos relacionados a los gobiernos locales ahora, sobre todo en áreas rurales y pobres? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Es que los alcaldes y concejales se portaban mejor antes? Existe ineficiencia en el gasto según el MEF, ¿Pero este padeciendo con su burocracia dorada no capacita a los funcionarios? ¿Por qué, bendita sea, no descentraliza las funciones en las provincias y distritos para guiar y asesorar a los técnicos y políticos en provincias?
Consideramos que el análisis de la ola de conflictos merece un estudio más riguroso y detallado que incluya elementos de contexto relacionados con los procesos de transformaciones sociales, económicas y políticas de nuestro país en las últimas décadas. Y, por supuesto, los procesos regionales y locales. Nuestra impresión general es, sin embargo, estos conflictos y nuestro pobre accionar administrativo.
Existen problemas “estructurales”, no lo podemos negar, como la precaria e ineficiente presencia del Estado en gran parte del territorio nacional; por las dificultades existentes para la recomposición de un sistema de partidos con vinculaciones mínimas con estas zonas, que ayude a canalizar las demandas e intereses locales; y por los recientes cambios institucionales emprendidos en el marco del proceso de descentralización, que descuidan y desaprovechan la rica experiencia que las municipalidades acumularon.
“¡QUÉ DIFÍCIL ES SER ALCALDE HOY! …ANTES NO ERA TAN COMPLICADO”
Así comentaba un alcalde distrital que volvía a desempeñar el cargo después de quince años. Conmovido por la ingenuidad con que el viejo líder había asumido la nueva responsabilidad, el alcalde provincial compartía la anécdota y sus impresiones sobre las dificultades que tienen las pequeñas municipalidades ubicadas en zonas rurales para cumplir con los altos estándares que la nueva legislación ha incorporado para la gestión municipal.
Asimismo, contaba cómo la municipalidad provincial —que de por sí ya observaba grandes dificultades— se veía en la obligación de ayudar a esta municipalidad elaborando los expedientes técnicos para proyectos de inversión.
La nueva Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) ha elevado la varilla de la gestión en lo relativo a los requisitos y nuevas tareas administrativas que hay. Más allá de esto, la conversación nos recuerda la insuficiente capacidad en recursos humanos de las municipalidades más pobres y pequeñas, tanto por el escaso número de funcionarios como por su insuficiente formación técnica. Como es de esperar, estas carencias se expresan en una gestión municipal deficitaria.
Lamentablemente, a más de cuatro décadas de iniciado el proceso de descentralización, las iniciativas estatales para el desarrollo de capacidades institucionales de las municipalidades son dispersas y muchas vacías.
Seguramente, existen casos en que las acusaciones de malos manejos y corrupción expresan más bien ineficiencia administrativa de alcaldes y regidores. Las municipalidades ubicadas en zonas rurales son instituciones frágiles y débiles cuyos funcionarios violan la ley a veces sin saberlo, ante la complejidad de los procedimientos. Pero no se puede negar que persiste una cultura política patrimonialista. La personalización de los cargos públicos es una constante y los pedidos de rendición de cuentas son vistos como una intromisión que busca perjudicar a las autoridades o hacerles perder el tiempo.
Pero ¿es solamente este factor el que causa los conflictos? ¿Es que de pronto las autoridades se volvieron más ineficientes o descaradas que antes?
La crisis de representación política es aún evidente y mucho más
En las zonas más marginadas de los centros de poder: las zonas rurales. Además de las consecuencias de la dispersión del voto que esta situación genera, como la elección de gobiernos locales con escasa legitimidad, uno de los efectos más preocupantes es la inexistencia de canales institucionalizados para la comunicación de demandas hacia el sistema político nacional.
A este panorama de fragmentación social y crisis de la representación política deben agregarse los crecientes desengaños que el proceso de democratización ha traído consigo.
El desempeño errático e ineficiente del actual gobierno y la precariedad de nuestro Congreso han generado un creciente malestar e inconformidad con los magros “resultados” de la democracia. Es interesante también constatar que la población tiene una concepción amplia de “corrupción”, no relacionada necesariamente con los delitos tipificados por la ley.
En un contexto decrecientes expectativas en zonas pobres por el incremento de transferencias de recursos del gobierno nacional, estos elementos favorecen la emergencia de conflictos tanto dentro de la municipalidad como con la población.
EL (DES)ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Un factor que no ha sido abordado durante el actual proceso de descentralización y que genera conflictos es el del ordenamiento territorial local. Más allá de los cuestionamientos a la forma en que se ha planteado el proceso de regionalización, lo cierto es que los propulsores de la reforma no quisieron enfrentar el gran reto que supone ordenar el enredo de jurisdicciones y competencias existente en el ámbito del gobierno local. Por un lado, una herencia no resuelta del fujimorismo es el hecho de contar con dos subniveles de gobierno local con las mismas competencias y cuyas relaciones no se encuentran adecuadamente reguladas.
Este desorden dificulta el desarrollo de una adecuada gestión municipal que promueva y conduzca el desarrollo local. Resolver este complejo asunto significa hacerse preguntas fundamentales, como ¿cuál es la escala adecuada para conducir el desarrollo local y cuál es el modelo de gobiernos locales que estamos impulsando?
¿De qué sirven las normas sobre transparencia y acceso a la información pública si no existen instancias encargadas de sancionar eficientemente su incumplimiento?
No existe un soporte institucional del Estado capaz de prever la emergencia de conflictos y solucionarlos rápidamente una vez que estos aparecen. Las largas esperas para resolver la crisis Iilaveña mostraron eso. Frente a tales vacíos institucionales es que la candente coyuntura fuerza normalmente al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto e idear alguna solución al paso, improvisada, sin que se corrijan los aspectos institucionales que están fallando.