La cifra de embarazos adolescentes es dolorosa, cada diez minutos tenemos una madre adolescente en la selva peruana, este porcentaje es dramático
En Iquitos una niña violada por su padrastro con 18 semanas de embarazo
· Niña de 12 años que fue violada en Sauce da a luz en el hospital de Tarapoto.
· Niña de sólo 12 años dio a luz en hospital de Sullana.
· El 38% de adolescentes de poblaciones indígenas quedaron embarazadas
· Hace dos meses el Estado peruano fue condenado por las Naciones Unidas por vulnerar los derechos de otra niña abusada
A mediados de junio del año 2022, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU emitió una sentencia histórica: determinó que el Estado peruano violó los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena de 13 años, denominada Camila, víctima de violación e incesto al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro.
En la resolución insta al Estado a despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil, así como modificar la normativa reguladora del acceso al aborto terapéutico, enfatizando su aplicación específica en las niñas por el enorme riesgo que supone y, además, le pide establecer un mecanismo intersectorial que destierre a toda costa el trauma de la víctima. Al poco tiempo, en Sauce un caso muy similar demuestra que el Gobierno y las autoridades competentes no tomaron nota de sus deberes, afectando a otra pequeña.
El caso llamado “Mila”
La niña en cuestión tiene once años y es llamada “Mila”, no solo para proteger su identidad, sino para dejar en claro que los perjuicios se repitieron con ella y tal y como sucedió con Camila. “Mila” es de una zona humilde de Iquitos. Desde los seis años fue abusada por su padrastro y hace un mes se enteró que tenía trece semanas de gestación. El Poder Judicial declaró infundado el pedido de prisión preventiva y dejó en libertad al agresor. En cuanto a “Mila”, la Unidad de Protección Especial de Loreto tomó la determinación de enviarla a uno de sus albergues para supuestamente protegerla de su familia. No solo a ella sino a sus tres hermanos, el último de cuatro meses de nacido. La madre, ha contado que también era víctima de su pareja a tal punto que la había amenazado de muerte y que por ese contexto no había podido ayudar a su hija.
“Yo tenía miedo, porque me tenía amenazada, me cerraba la puerta. Cuando yo quería salir, él me decía: ‘si tú avisas a los vecinos te voy a matar y me voy a largar’. Cuando yo hablo de él tengo miedo. Tengo pesadillas”, le contó la madre al portal de investigación, Epicentro TV. Ella asegura que solicitó que se le practicara un aborto terapéutico a “Mila”, pero que la Unidad de Protección Especial no activó el protocolo y, por tanto, no les brindó la información necesaria.
Fue recién cuando el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos asumió la defensa legal de la mamá, la Unidad de Protección Especial, derivó a “Mila” al Hospital Regional de Iquitos con la intención de que una junta de médicos resolviera que la pequeña que, ni siquiera ha terminado la primaria, pudiese acceder al aborto terapéutico.
El 3 de agosto los médicos determinaron que “Mila” debía continuar el embarazo.
Sus argumentos: que la propia niña, de once años, les había dicho que quería tener al bebé y que los casos de violación no están incluidos dentro del protocolo del aborto terapéutico. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el riesgo de muerte de una menor de quince años por causas relacionadas al embarazo se triplica con relación a quienes superan los veinte años.
El Poder Judicial rechaza decisión de junta médica del hospital de Loreto al negar aborto terapéutico a menor de once años. Maternidad forzada derivada de abuso sexual es una forma de tortura, señala grupo de trabajo judicial.
En la nota, el Poder Judicial, a través de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, que preside la jueza suprema Janet Tello Gilardi, expresó su rechazo a la decisión de la junta médica del Hospital Regional de Iquitos de negar el aborto terapéutico para ‘Mila’ (seudónimo), una niña de once años víctima de un presunto abuso sexual por parte de su padrastro.
Promsex, ha logrado que el caso se reconsidere: el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya ha confirmado que una nueva Junta médica analizará el caso de Mila para determinar si se le permite o no interrumpir su gestación. “Quiero que se lo saquen de su vientre. A mi hija sí la quiero ver, pero a ese bebe no porque le ha hecho un daño a mi hija”, ha dicho la madre.
MÁS
La Misión en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitieron un comunicado conjunto para expresar su profunda preocupación por el caso y hacerle un pedido al Estado peruano y a las autoridades competentes: “instamos a reconsiderar la decisión de negarle el acceso al aborto terapéutico y garantizarle a Mila, y a todas las niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual este derecho —con procedimientos seguros y pertinentes a su edad— y dentro de las 22 semanas de gestación que establece el protocolo de este procedimiento médico (…) Recordamos que la maternidad forzada derivada de una violación sexual no es voluntaria, y atenta contra la salud integral”.
En Perú el único aborto permitido por ley es el terapéutico, es decir, la interrupción voluntaria de un embarazo que pueda poner en peligro, tanto física como mentalmente, la salud de la gestante. Aunque está regulado por ley desde 1924, no fue hasta 2014 que se estandarizó un protocolo, que la coordinadora del Centro Flora Tristán apunta que no siempre se cumple: “En esta legalidad, muchas mujeres víctimas de violencia sexual que quedan embarazadas no pueden acceder a un aborto, por eso defendemos la despenalización del aborto en caso de violencia sexual”, comenta.
La detección de los obstáculos que provocan la desatención en los hospitales y centros básicos de salud son diversos: “falta de protección del Estado, que consiste en la falta de capacitación, las dificultades en la asignación de recursos, y un sistema legal y policial que está cortado a la medida para la impunidad del agresor”. Para ello, las profesionales de salud reclaman una mayor capacitación y formación, menos burocracia en los trámites de denuncia y un mayor compromiso por parte del personal de salud y de las autoridades en este tipo de casos.
Con una habilidad sorprendente, la madre-niña amamanta y juega con su bebé de cinco meses y lo pasea en un carro rosado por el mismo camino que, hace menos de un año, caminaba sola, a diario y por una hora, hasta llegar al colegio que abandonó. Fuentes: MINSA – Prodemu – Flora Tristan – Poder Judicial, ONU.