Entre dimes y diretes: Por fideicomiso indígena:
Mediante pronunciamiento, Rosío Torres, dice que tergiversaron su intervención en el congreso de la República y pide que alcaldes se rectifiquen.
Un nuevo enfrentamiento político se ha desatado en la región Loreto, esta vez en torno al manejo del fideicomiso destinado a las comunidades indígenas.
Los 25 alcaldes del circuito petrolero en Loreto defienden la gestión del fideicomiso indígena, asegurando que los fondos se están utilizando para el desarrollo de proyectos en beneficio de las poblaciones originarias tanto en educación salud y educación.
En ese sentido, mediante un pronunciamiento dirigido al Congreso de la República, rechazan las declaraciones de la congresista Rosío Torres Salinas de la bancada de Alianza para el Progreso, quien supuestamente en el debate para la aprobación del Presupuesto General de la República 2025, mencionó que los alcaldes estarían dilapidando los recursos de la citada fuente de financiamiento en acciones que no tienen nada que ver con salud y educación.
Sin embargo, la congresista Rosío Torres, mediante un comunicado también, aclara que en ningún momento se refirió al fideicomiso indígena, sino al fideicomiso en general creado mediante la Ley 30897 – Ley de Promoción e Inversión en la Amazonía modificado por la Ley 31274 cuya administración está a cargo del Gobierno Regional de Loreto.
Este conflicto pone en evidencia las tensiones existentes en torno a la gestión de los recursos públicos destinados a las comunidades indígenas, y plantea interrogantes sobre la transparencia y la eficiencia en el manejo de estos fondos.
Mediante su pronunciamiento los alcaldes convocan a los congresistas a cerrar filas en la aprobación de la Ley de Endeudamiento Público para el año fiscal 2025, que ayudaría a implementar un shock de inversiones para los 25 distritos que pertenecen al circuito petrolero, para el cierre de brechas con proyectos sociales, económicos y ambientales.
El cierre de brechas está pendiente para los habitantes indígenas, donde el Estado tiene una deuda social de más de 50 años, que ha sumergido a los pueblos del circuito petrolero, en abandono y postergación.