Los congresistas de la República podrán realizar campaña política sin renunciar a su cargo legislativo. Así lo establece la Ley 32058, que plantea medidas para la optimización del proceso electoral y modifica tanto la Ley Orgánica de Elecciones como la Ley de Organizaciones Políticas.
De esta manera, los legisladores podrán participar en las Elecciones Generales de 2026, postulando a la Presidencia, Vicepresidencia y al Congreso bicameral, ya sea a través de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados. Asimismo, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, podrán postular a las presidencias y vicepresidencias de los gobiernos regionales, así como a alcaldías y regidurías.
Ante este nuevo escenario, el Jurado Nacional de Elecciones ha exhortado a las autoridades a respetar las normas de neutralidad electoral de cara a los próximos comicios. Sin embargo, diversos especialistas advierten que existe una delgada línea entre la labor de representación y el proselitismo político, lo cual podría derivar en el uso indebido de recursos públicos.
Entre los bienes y servicios del Estado que podrían ser utilizados con fines políticos se encuentran: movilidad, personal de seguridad, viajes pagados, viáticos, alimentación, papel y fotocopias, todos financiados con el presupuesto del Parlamento.
El experto en derecho electoral y exministro de Justicia, José Tello, advirtió sobre esta situación y propuso una solución:
“Se debería prever la posibilidad de que, si van a ser candidatos, ya sea a la reelección o a otro cargo de elección popular, renuncien al cargo de congresistas y bajen al llano. De esa manera, no habría una situación de ventaja respecto de aquellos postulantes que se presentan únicamente como candidatos”, planteó.
En la misma línea, el ex parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde recordó que, en el pasado, cuando estaba permitida la reelección congresal, se suspendían los viajes de representación para evitar el uso político de estos recursos.