El gobernador regional de San Martín, Walter Grundel, lanzó duras críticas contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, al que acusó de tener “preferencias más al sur y a sus allegados” en el reparto del presupuesto público.
En un video difundido en redes sociales, Grundel expresó su malestar ante lo que considera una exclusión deliberada por parte del Ejecutivo.
Durante una actividad oficial realizada el 8 de abril, la autoridad regional insinuó posibles “arreglos” en el otorgamiento de recursos, en clara alusión al caso que involucra al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, investigado en el escándalo del “Rolex”.
“El Ejecutivo nos hace a un lado. En la Ley de Presupuesto no nos han dado nada y he reclamado a la presidenta, al Ejecutivo, al ministro de Economía y Finanzas”, señaló Grundel con tono enfático. “Creo que hay arreglos, supongo yo. Yo no me presto a eso, por eso no me dan nada”, añadió.
La tensión entre el Gobierno Central y el gobierno regional de San Martín se intensificó con el anuncio de Grundel de no asistir al octavo Consejo de Estado Regional, previsto para el 15 de abril en Ica, como medida de protesta.
“Hemos reclamado desde que entré como gobernador que nos den algún proyecto. Ni michi, nada. Solo nos dicen que acompañarán el expediente, pero no destinan presupuesto. Yo no trabajo así”, sentenció.
Las declaraciones del gobernador sanmartinense se suman a una creciente ola de cuestionamientos desde distintas regiones del país, que exigen una distribución más equitativa de los recursos y mayor transparencia en la asignación presupuestal.
Nuestro análisis
Esta postura no solo revela una tensión bilateral entre San Martín y Palacio de Gobierno. Pone en evidencia una brecha mayor: el descrédito del modelo de coordinación centralista en un contexto de descentralización inconclusa. Mientras algunos gobernadores regionales se alinean con el Ejecutivo – y, en ocasiones, se ven favorecidos con partidas millonarias sin criterios claros – otros denuncian marginación y abandono.
¿La protesta de Grundel debe leerse también como una advertencia?
La legitimidad del Ejecutivo, ya golpeada por escándalos y una aprobación ciudadana en descenso, se ve aún más erosionada cuando gobernadores empiezan a romper filas. Si este tipo de reclamos se multiplican o encuentran eco en otras regiones, el Consejo de Estado podría convertirse no en un espacio de articulación territorial, sino en un espejo de las fracturas profundas del poder político en el Perú.
Las declaraciones del gobernador, Grundel, han reavivado un malestar que, si bien no siempre se expresa con contundencia, recorre diversos territorios del país: la percepción de un centralismo selectivo que privilegia alianzas políticas por encima de criterios técnicos o necesidades territoriales.
La gran interrogante es si la protesta de Grundel será vista como un acto aislado de rebeldía o si marcará el inicio de una postura más crítica de los gobiernos regionales frente a un Ejecutivo que, hasta ahora, no ha logrado tender puentes duraderos ni garantizar un reparto transparente y equitativo de los recursos públicos. Por: Beto Cabrera M.